La tarifa 125


Por Carlos Leyba

Si no hubiera sido por el “no positivo” de Julio Cobos, la 125 del trío Martín Lousteau, Alberto Fernández  y Cristina Elisabet, el gobierno de CFK hubiera sido conmocionado por una rebelión rural de la que hubo atisbos en algunos municipios en los que los chacareros de mano pesada hicieron sentir el peso de la indignación.

El “no positivo” fue una salida política. Aún hoy nadie asume la responsabilidad del error técnico, económico y político que signó todo el gobierno de CFK y cavó la “grieta” en profundidad.

Ahora bien la cuestión tarifaria también necesita de una solución política. Los que la decidieron no conocen, no saben cuál es el costo del gas en boca de pozo. Y el problema es que a partir de ese costo es que debe estructurarse la tarifa. El Estado no lo sabe porque no ha auditado esos costos. Los funcionarios se han negado a escuchar (no para defenderse o atacar, que no es escuchar) a los sectores afectados y a todas las voces técnicas, y no sólo la de los consultores que asesoran a las empresas petroleras. No escuchar es soberbia. Y hay una contradicción en procurar la baja de la inflación y aumentar la competitividad de nuestra economía, y a la vez alterar bruscamente los precios relativos y transferir enormes recursos (sin conocer los costos) a sectores oligopólicos.

La no solución política de este entuerto (la política pasa por el consenso de largo plazo desde una perspectiva estratégica) contribuirá al crecimiento del clima de crispación, que le erosiona al gobierno la confianza ganada y que aleja las posibilidades de acordar una política de ingresos razonable que, hasta ahora, no ha estado siquiera en la agenda del PRO.

Las tarifas – que son las que están al final de este recorrido –son parte de la política de ingresos aunque el gobierno se niegue a entender que es así.

Cobos con el “no positivo”, que enfureció al kirchnerismo, sacó a ese gobierno de un pantano en el que, empujando como venían, se enterreban más y más. Hoy estamos ahí.

También hay un menjunje juridico que fabricó el menemismo. Por ejemplo las decisiones podrían ser jurídicamente correctas y políticamente muy alejadas del Bien Común. Por eso la verdadera cuestión de fondo, que siempre es política, no puede quedar en manos de los jueces.

Es obvio que las tarifas absurdas de los servicios (gas, luz, agua) no tienen fundamento alguno y que – con fundamentos reales – hay que diseñar una ruta para lograr que no haya necesidad de financiamiento fiscal para la provisión de esos recursos con las excepciones que caben para consumidores que lo necesiten y para actividades productivas para las que el costo real sea insostenible. Pero esa decisión es posterior a una previa.

Aclaremos: parece que estamos discutiendo lo que van a pagar por la energía los usuarios. Pero lo que en realidad estamos decidiendo es lo que se van a llevar los concesionarios de gas y de petróleo a sus bolsillos.

El capricho jurídico es que las audiencias, que habría incumplido el gobierno, solo corresponden – de acuerdo a la ley menemista – a las tarifas, que son las que pagamos por el transporte y la distribución. Pero la ley no establece audiciencias para fijar el precio del gas y del petróleo en boca de pozo, que es la componente básica del valor final de la energía.

La justicia dejará que se deje el precio de boca de pozo en manos de las empresas y de los funcionarios energéticos (muchos de ellos ex hombres de las empresas) sin ventilar los verdaderos costos, los que sólo se podrían conocer por medio de una auditoría estatal. Sólo se harán las audiciencias, no vinculantes, para informar las razones del aumento de las tarifas.

Pero lo básico son los precios en boca de pozo y lo que sigue es accesorio. Lo básico ya está arreglado entre las empresas y los funcionarios. Lo accesorio, lo propiamente tarifario, esperará a la audiciencia no vinculante. ¿Y lo que tiene que ver con el Bien Común?

Veamos, las empresas del oligopolio petrolero tienen la concesión de extraer (recordemos que el petróleo es de las provincias). Ellas sostienen que el precio del gas debe fijarse al nivel del “import parity” que, presuntivamente, es más alto que el costo de extraer más una utilidad razonable (“cost plus”). La idea “detrás” es que el precio lo fija el mercado. Para las empresas no se trata de un bien estratégico. Excepto para lo que ellos llaman “gas nuevo” para el que lograron, por decisión de Julio de Vido, más de 7 dólares el MMBTU. Para estas mismas empresas el barril de petróleo no debe fijarse por la “import parity” que es, mas o menos, 40 dólares el barril, este – para las empresas – no es un bien de “mercado”. Es un bien estratégico por el que deben cobrar, más o menos, el 50 por ciento más.Muchachos¡¡

Las mismas empresas, pozos hermanos, para una extracción una cosa y para la otra, otra. Solo se parecen en que, para las dos, las empresas piden lo más alto. Y para ambas cosas el Estado ignora los costos de extracción. Por eso lo que está pendiente es una decisión política. Y la que está llevando a cabo el gobierno es una decisión sin información y con dos criterios diferentes para lo que hace el mismo concesionario.

Como sin duda ambos bienes son estratégicos, también lo son los servicios que lo extraen. Y lo legítimo es conocer los costos y diseñar una estrategia en la que la pregunta central es ¿la exploración debe ser pagada por los usuarios del gas y el petróleo, o la inversión de riesgo debe ser recuperada – como amortización – en el precio de los bienes? Ese es un debate político que hay que dar porque siendo una cuestión estratégica es de largo plazo y debe estar en búsqueda de consenso.

El kirchnerismo le regaló el subsidio al barril de petroleo a las petroleras, le amplio las concesiones y le puso el gas nuevo a más de 7 dólares el MM BTU. Y el macrismo repitió con el petroleo. Y quiere llevar el “gas viejo” a 5 dólares y pico.

¿Cuál es el costo? Una respuesta imprescindible que el Estado no sabe. Nosotros tampoco. Pero hay algunos indicios.

“YPF … según su Informe Financiero de 2015 presentado ante la SEC de EEUU, para producir un barril equivalente de petróleo erogó 18 U$S/bep … YPF es el principal protagonista en la actividad del shale oil, shale gas y tight gas con un participación del 85% en las inversiones del 2015. En dicho barril equivalente hay producción de petróleo y de gas, si distribuimos ese costo en función de los ingresos generados por las ventas del petróleo y gas producidos por YPF en el 2015, resulta que esos 18 U$S/bep se reparten de la siguiente manera: costo de producción del petróleo 27 U$S/barril, costo de producción del gas 1,9 U$S/MMBTU … valores similares a los de Canadá” El gas natural bien suntuario o bien necesario, Nicolás Di Sbroaivacca, Fundación Bariloche

Queda claro que la opción “cost plus” (decisión política) pareciera que está lejos de los 5 dólares de JJ Aranguren que están generando la explosión de la “tarifa 125”.

El fundamento es el precio de “import parity”. Veamos 7.08 dólares MM BTU para el LNG de Chile, 3,11 para el gas de Bolivia y 4,50/5,86 dólares para el LNG importado por Bahía Blanca y Escobar. El promedio ponderado por volumen daría 5,15 dólares MM BTU. Si de la información de YPF concluímos un costo de 2 dólares el MM BTU, entonces en la “tarifa 125” hay implícito un beneficio “extraordinario” de 3,15 dólares por MM BTU motorizado por el criterio “import parity”.

¿Cuál es la conducta optimizadora del balance de un oligopolio? Administrar la producción para incrementar el precio. Una estrategia aplicada de las petroleras argentinas es “insistir” en la necesidad de importar. Si importamos hay posibilidad de sostener el criterio de “import parity”. ¿Realmente necesitamos importar? ¿Realmente, como repiten todos los funcionarios y consultores, no hay gas?

La respuesta de las concesionarias que, por declaración jurada informan las reservas comprobadas y certificadas de las empresas, es que disponemos de entre 6 y 8 años de reservas de gas medidas en términos de consumo.

Este nivel de reservas año tras año implica que se declaran reservas que compensan el consumo para que el balance de las firmas no se deteriore. Pero como el Estado no audita las reservas no sabemos si hay mucho más gas comprobado, aunque no esté “certificado”. Mas y no menos. Porque – dado el criterio de presentación de balance – el beneficio de la empresa es certificar lo necesario y no lo posible.

El criterio de “bajas reservas” sirve para sostener la importación (sospechada de negocio cómplice para los funcionarios) y a la vez justificar la idea de “no hay gas” y con el criterio de escacez, subir el precio. De primero inferior.

Poco creíble, salvo que el Estado auditando con expertos, por ejemplo, noruegos determine que YPF mintió a la SEC en sus costos, y concluya que hay 6/8 años y que no cabe la posibilidad de reponer nunca más reservas convencionales.

Si el Estado audita y certifica costos y reservas, y le da la razón a las petroleras, entonces “la tarifa 125” tiene fundamento y sólo hay que ver como desarmamos la bomba.

Pero si YPF no mintió, y aumentar las reservas convencionales tiene el costo histórico, entonces, hay que barajar y dar de nuevo y establecer las condiciones del negocio para que sea para el Bien Común.

Las petroleras oligopólicas necesitan mantener “bajas” las reservas, crear el clima de que “no hay energía”, reducir la producción con el consumo en crecimiento, crear la necesidad de importar y así presionar por el precio de “import parity” (mas caro que que el “cost plus”) que “revelaría las intenciones del “mercado”. Claro que esas condiciones de mercado son generadas por las empresas oligopólicas del sector. Producir menos y subir el precio. Pero, sorpresa, si el “import parity” es mas bajo que el “cost plus”, como es en el caso del barril de petróleo, entonces el Estado y los consumidores debemos subsidiarlos.

En definitiva se trata de una tarea de la política. Y no del lobby petrolero que pareciera le ha impuesto al gobierno “la tarifa 125”.

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