Estado y Mercado


Por Carlos Leyba

6.8.2015

Carlos-LeybaEl capitalismo ha adoptado diversas formas a lo largo del tiempo y del espacio. Las diferencias se las puede sintetizar, sin demasiadas precisiones, no tanto en virtud de “cuanto” Estado o “cuanto” mercado sino,  esencialmente, en la definición de qué necesidades, qué bienes, obligatoriamente debe proveer el Estado; y qué bienes o necesidades quedan dentro de la órbita del mercado.  En ese balance, una formulación famosa, es la de la plataforma de los años 70 de la democracia cristiana alemana. La plataforma decía “todo el Estado que sea necesario y todo el mercado que sea posible”. Pero, la respuesta es incompleta, lo que es previo es definir que es “lo necesario”.

Esa es una primera definición que, como toda primera, es una que parte las aguas. Esa partición define el consenso social implícito acerca de la asignación de roles, es decir, el papel del Estado y el papel del mercado.

Como todos sabemos, a partir de Margaret Tatcher y Ronald Regan, en Occidente se  instaló una fuerte corriente que proponía (y que puso en práctica) el desplazamiento del Estado y la ocupación, por parte del mercado, de proveer muchas de las necesidades y bienes que, hasta entonces, habían estado a cargo del Estado. Finalmente, ese fue un proceso de privatización que tuvo, tal vez no deseadas, consecuencias de privación.

El desplazamiento del Estado, la idea de la reducción de las necesidades, que obligatoriamente debía cubrir el Estado, tuvo como consecuencia una concreta privación de bienes y de falta de cobertura de necesidades para todos aquellos, no pocos, que no estaban en condiciones de cumplir los requisitos del mercado. Conocimos el crecimiento de las carencias.

Las carencias terminaron siendo tantas, y tan evidentes, que hoy, en general, aquella furia privatizadora y privadora, está en franco retroceso.

A pesar de ese retroceso, de cualquier modo, lo que sigue estando en pie es la necesidad del consenso acerca de qué y cuáles son las necesidades y bienes que el Estado debe proveer.

Sin ese consenso, primero, no es posible construir políticas de Estado; segundo, sin ese consenso la política no genera horizontes; y esa carencia reduce al mínimo la dimensión de la política pública porque se torna inmediatista, corto placista y oportunista.

Naturalmente, lo que no es incluido en en él area del Estado, es aquello de lo que debe ocuparse el mercado. No obstante es importante señalar que, aún dentro del campo del mercado, la regulación – tarea propia del Estado – barre todo el campo de la acción. Dentro del concepto de regulación, nuevamente, se abren distintas intensidades.

Quede claro que todo lo que preside y merodea, la discusión de Estado y mercado y también la intensidad de regulación en el mercado, es la procura del Bien Común. Definición que, en la práctica, se materializa con la asignación de roles al Estado y el mercado, y el grado de regulación. Es, en la práctica, como entendemos el Bien Común.

La historia de ese consenso en nuestro país puede  sintetizarse, en trazos gruesos, de manera tal que pueda contribuir a instalar un debate constructivo acerca del consenso necesario para el Bien Común que, repito, puede ser definido por la relación  “Estado, mercado y regulaciones”.

Partimos de la Generación del  80. Un período fundador. Allí se integró lo que podemos llamar la etapa del Estado Liberal. Ese Estado estableció con precisión, entre otras cuestiones, la obligación – para el Estado – de proveer educación primaria gratuita. Salud pública gratuita. Y seguridad interior pública.

Nadie discute que, ese Estado, tuvo un éxito extraordinario en proveer educación primaria. El resultado fue que puso al país en los primeros niveles en la lucha contra el analfabetismo. Los progresos en la provisión de salud, desde el bajo punto de partida, fueron también importantes; como también lo fueron las garantías en materia de seguridad.

Entrado el SXX comenzaron pasos, tal vez a partir del interés por la condición de vida de la clase trabajadora (1905) , destinados a que el Estado procurara una mejora en las condiciones de trabajo; y más adelante que el  Estado procurara crear las condiciones que permitieran crear trabajo.

A la salida de la crisis de los 30 se habían dado pasos importantes, en la  concepción y en la legislación, de lo que podía insinuarse como un Estado preocupado por el Bienestar social.

Fueron los pasos preparatorios para que, en la década del 40, comenzara a desarrollarse con mucho vigor el Estado de Bienestar con el mismo criterio de las democracias occidentales de pos guerra. A partir de entonces el  Estado brindaría las condiciones necesarias para lograr el pleno empleo, la calificación de los trabajadores y las condiciones laborales que aproximaran el concepto mensurable de justicia social a través de la distribución del ingreso. Los avances fueron extraordinarios: logramos una revolución social pacífica.

En términos dinámicos ese Estado de Bienestar era una etapa superior del  Estado Liberal. Sin él no hubiera sido posible. Una secuencia. Ya no se trataba de garantizar la educación primaria sino la formación para la vida laboral, ya no se trataba de ofrecer salud pública gratuita sino que se procuró la salud preventiva, la custodia de la vida sana como obligación pública. De la misma manera la seguridad ciudadana del Estado Liberal avanzó hacia el concepto de seguridad social: el Estado se obligaba a proteger de las violencias cotidianas y también de las contingencias de la vida, de la enfermedad y de la vejez. Ese consenso se hizo mayoritario a partir de su puesta en práctica.

En esos mismos años, a partir del concepto de “plan”, con la creación del Consejo Nacional de Posguerra, luego los planes quinquenales, y en la década de los cincuenta en adelante con los planes de desarrollo, y fundamentalmente a partir de la estructuración más compleja de la  política de industrialización, se instaló el Estado de Desarrollo como etapa superadora del Estado de Bienestar.

El Estado de Desarrollo construye las bases materiales para el Estado de Bienestar; y éste es la base de sustentación de las ofertas imprescindibles del Estado Liberal. Por eso bienestar y desarrollo financian el Estado Liberal.

Hace muchos años, más precisamente, desde 1974 las concepciones y las prácticas de la política, abandonaron la concepción del Estado de Desarrollo e inevitablemente comenzó a debilitarse el rol del Estado de Bienestar y, finalmente, asistimos al deterioro del Estado Liberal.

La contrapartida fue dejar en manos del mercado la resolución del desarrollo (que la dotación de factores marque el territorio de la inversión); la resolución de las cuestiones del bienestar ( que las “señales” de mercado provean, por ejemplo, el empleo); y la oferta de los bienes que proveía el Estado liberal (privatización de la educación, de la salud, de la seguridad). El resultado, en estos 40 años, está más que alejado de la idea de progreso.

El 6 de septiembre de 2001, en medio de aquella crisis descomunal, el entonces presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas,   Dr. Julio H. G. Olivera, al inaugurar las sesiones del Plan Fénix  en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, dijo – entre otros muchos conceptos brillantes – que el desequilibrio primario de aquella época nacía “directa o indirectamente de la insuficiencia en la provisión de bienes públicos, desde la seguridad jurídica hasta la salud, la educación y la paz social” .

No se trataba entonces de una alteración transitoria del equilibrio sino una deficiencia crónica, una debilidad estructural, destinada a persistir mientras no alcance la oferta de bienes públicos el nivel indispensable”

Estamos hoy a las puertas de una elección de cargos públicos. La pobreza conceptual de los debates no es una novedad. Nos hemos ido acostumbrando a lo elemental de la política en 140 caracteres. Al desfile de modelos que, sin excepción, pretender satisfacer “los sueños de la gente”. Al abandono asboluto de la función pedagógica de la política. Con el agravante de dosis gigantecas de cirugía estética ideológica que pretenden, y a veces logran, engañar a los votantes (demasiado jóvenes, distraidos) acerca de sus trayectorias políticas. Hay excepciones. Pero confirman la regla. Volvamos.

En 2001 Olivera destacaba la falta de oferta de bienes públicos, propios del Estado Liberal adaptado al SXXI. Hoy – después de la crisis –  la constatación del fracaso del sector público – en educación, salud, seguridad ciudadana, social, jurídica – acusa una debilidad estructural potenciada por el mero transcurso del tiempo.

Qué decir de la supervivencia del Estado de Bienestar cuando más de un tercio de la población ocupada trabaja “en negro” y cuando de la tasa de desempleo, calculada por el INDEC, hay más que razones para suponerla subestimada, o cuando la pobreza se encuentra en el orden del 28 por ciento de la población mientras el Estado deside ignorarlo.

Ni que hablar de estos problemas cuando los analizamos a nivel regional. ¿Qué Estado de Bienestar puede subsistir cuando el nivel de ingreso medio de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires es 6 veces el promedio de quienes habitan el norte histórico de la Argentina? ¿Qué Bienestar de la Nación soporta esas gigantescas diferencias que marcan  un plano geográfico inclinado, y que lleva, inevitablemente, al desierto humano de una parte del territorio y a la acumulación de desesperanza en los márgenes geográficos de la abundancia?

Estamos frente a una cuestión estructural. La Argentina hace 40 años abandonó la estrategia del desarrollo. Una prueba contundente es que la Administración ni siquiera dispone de una Agencia pública para pensar el país a largo plazo y formalizar la arquitectura de un plan de desarrollo. Las consecuencias son más que evidentes. Veamos.

No solamente levantamos miles de kilómetros de vías de ferrocarril sino que además, y multipartidariamente, se celebró la posibilidad de un tren bala que uniera Buenos Aires con Rosario. Un escandaloso disparate que sería importante que lo expliquen todos los que firmaron ese decreto que pertenecen al gobierno y a la oposición (a dos partidos de la oposición). No solamente permitimos (y además pagamos por ello) el vaciamiento de la empresa nacional de petróleo sino que encaramos la construcción de represas sin tener en cuenta las prioridades del  ministerio del área.

Tampoco podemos olvidar que hoy YPF no es una empresa ni nacional ni del Estado. Es una empresa privada en la que el 51 por ciento es del sector público y el 49 por ciento restante es privado y extranjero en una elevada proporción. Los beneficios, los privilegios, lo que sea, como vemos, se reparten mitad y mitad. Podemos seguir el inventario.

Estamos viviendo un país obsesionado por el pasado a la búsqueda del  responsable del  atasco que vivimos. Un atasco que se sintetiza en el clamor por la seguridad, por la debilidad de la performance educativa. Lo que pone en duda la exisetncia del Estado Liberal. O por la inexplicable tasa del 1 por ciento del PBI por habitante a la  que hemos crecido desde 1998 , más allá de los años estupendos que hayamos logrado en el medio, y que nos augura que tardaremos 70 años en duplicar nuestro PBI. Eso pone en duda la existencia del Estado de Bienstar y sólo se puede explicar por la rídicula decisión de derogar el Estado de Desarrollo.

Frente a ello lo más necesario, y por cierto lo más sencillo, es proponernos un consenso acerca del futuro para los próximos 15 años. No menos que eso: la tarea es inmensa y es propia de una generación a la manera de Ortega.

Un consenso sobre aquello a lo que está obligado el Estado y a los grados de regulación en los mercados. Necesitamos un consenso de un  80 por ciento de los argentinos, de los que hacen política, de los trabajadores y de los empresarios nacionales. Habrá un 20 por ciento que bregaran por menos Estado y menos regulación; o por más Estado y más regulación. Es inevitable la autoexclusión del consenso por parte de una minoría.

Pero hay un corpus que, en nuestra memoria histórica positiva, dio lugar a un intenso período de progreso colectivo que, lamentablemente, no se ha vuelto a repetir.

Ese consenso supone la recomposición del  Estado Liberal que tuvo en Domingo F. Sarmiento su arquetipo de la educación; el del Estado de Bienestar que tuvo en Juan Perón su arquetipo de la justicia social; y el Estado de Desarrollo que tuvo en Arturo Frondizi el arquetipo de la industrialización. ¿Podría haber habido Perón sin Sarmiento?¿Podría haber habido Frondizi sin Perón?

Con ese espíritu, en 1972, bajo una dictadura y con la guerrilla en acción, Juan Perón, Ricardo Balbín, José Ignacio Rucci y José Gelbard y todos los dirigentes políticos, sindicales y empresarios de la época, entendieron el valor del consenso, o de las coincidencias, para construir la democracia y derrotar la violencia.

Leer los documentos de la época sirve para comprender el poderoso valor histórcio de pensar el carácter necesario y acumulativo de la construcción de los tres Estados que hemos sintetizado.

Esa es la cuestión del Estado y el mercado que realmente vale la pena discutir.

Olivera lo dijo en 2001 y – lamentablemente – no hemos logrado superarlo.

El plan es un bien público que no está ofertado y como decía Paul Ricoeur “el plan es ética en acción”. No hay ética política sin plan. Y no hay plan sin consenso. Ahí estamos.

Estamos ahí y de ahí tenemos que salir. Como decía Lepoldo Marchal, de esta clase de laberintos, sólo se sale por arriba. Comprometiendo un consenso que, en mi modesta opinión, tiene que empezar – como en 1972 – por una propuesta del movimiento obrero organizado que es lo más sólido en lo que podemos apoyarnos.

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