Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba (2do informe)


La Comisión Provincial de la Memoria y los Observatorios de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Río Cuarto, presentan el Segundo Informe de Monitoreo “Mirar tras los Muros: Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba”.
El acto se realizará el viernes 12 de diciembre a las 19:30 en el Archivo Provincial de la Memoria (Pasaje Santa Catalina 66).
Esta edición refleja los datos obtenidos durante el 2014 y continúa con el objetivo de aportar a la vigencia de los derechos humanos en todo el territorio provincial.
El valor de este informe radica en hacer visible de manera sistemática y plural distintas situaciones de vulneración de derechos en los lugares de encierro para generar un profundo debate a nivel social sobre lo que sucede al interior de estas instituciones. También para instalar en la agenda política la necesidad de una nueva institucionalidad que nos permita monitorear, visitar, transparentar, traspasar los muros, tal como lo establece el sistema nacional de prevención de la tortura y su recomendación para la creación de un mecanismo local.
Es necesario Mirar tras los Muros para ver lo que pasa, para que dejen de realizarse torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que son prácticas habituales en estos lugares.
Personas con padecimiento mental en instituciones psiquiátricas inadecuadas, políticas de seguridad represivas, violencia institucional en las cárceles y comisarías, violación de derechos básicos en espacios de encierro para adolescentes, violencia letal hacia los jóvenes, memoria, verdad y justicia, son los ejes sobre los cuales se ha trabajado recogiendo testimonios, ordenando datos, construyendo indicadores para poder pensar a nuestra provincia en clave de derechos humanos.

A su vez, este Segundo Informe busca establecer las continuidades y rupturas entre los delitos cometidos en la última dictadura cívico militar, el accionar actual de las fuerzas de seguridad y las prácticas estatales donde persiste la desidia y la indolencia.

Algunos datos relevantes:

A 40 años del “Navarrazo” y a un año del autoacuartelamiento policial del 3 y 4 de diciembre del 2013, una lectura integral de los datos muestra el avance de las políticas represivas y de encierro por sobre otras políticas sociales para la resolución de los conflictos sociales. La fuerza policial demostró hace un año el poder que el modelo de gestión de lo urbano le otorgó:

– Es la única institución estatal con un despliegue territorial que regula la vida cotidiana de los cordobeses: La policía se ha constituido en la única presencia del Estado que media en los conflictos sociales. Después de la puesta en cuestión de la institución policial a raíz de las denuncias de participación y regulación en el narcotráfico provincial, luego de una multitudinaria Marcha de la Gorra pidiendo que se modifique la política de seguridad excluyente y discriminatoria –además de ineficaz para reducir el delito-, se fortaleció la corporación policial que reivindicó para sí misma el control de la ciudad con un aumento inusitado en su participación en los casos de violencia letal y ejecuciones extrajudiciales.

– En el campo de la salud mental señalamos la persistencia de prácticas discriminatorias y manicomiales, la excesiva judicialización de sus problemáticas la psiquiatrización de la pobreza, la ausencia de dispositivos no manicomiales desplegados en la totalidad del territorio provincial, la inexistencia de mecanismos de control autónomos, la carencia de recursos y la vulneración de derechos siguen siendo marcas de nuestro sistema de salud mental a pesar de los nuevos marcos normativos y las leyes sancionadas en el 2010. El 10 de octubre de este año se realizó la primera Marcha por el Derecho a la Salud Mental bajo la consigna “Porque hay exclusiones, exigimos derechos”.

– En las cárceles, se fortaleció una política penitenciaria a través de medidas tendientes a reforzar el estigma de las personas privadas de la libertad, el aislamiento, la obstaculización de controles externos, el refuerzo de las estrategias de violencia, la inversión prioritaria en la contención- seguridad, etc., situaciones que son claramente demostrativas de una decisión de potenciar las características estructurales negativas de una institución total como la cárcel.

– En el llamado Complejo Esperanza, institución de privación de libertad donde se aloja a la mayoría de los jóvenes menores de 18 años en conflicto con la ley penal sigue naturalizándose la violación a derechos humanos fundamentales que afectan la integridad y dignidad de los jóvenes mientras desde hace 7 años se encuentra en proceso de elaboración un Proyecto Institucional socio educativo y un régimen disciplinario claro que permita poner fin a las decisiones discrecionales y arbitrarias que determinan el cómo y el para que se encierra a esta población por tiempo indeterminado

Este segundo informe nos permite constatar que en los distintos espacios de encierro persisten condiciones infrahumanas, que se continúan utilizando celdas o salas de aislamiento y medios de sujeción no autorizados por las leyes vigentes y que se registran muertes que no son investigadas para su esclarecimiento.

Todas estas situaciones van acompañadas de falencias del Poder Judicial quien, a través de su Ministerio Público Fiscal, debería garantizar el respeto de las condiciones de vida y trato de los derechos de las personas sometidas a encierro.

Para leer el informe: Sintesis del 2do Informe

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