CÁRCEL SIN PRIVILEGIOS A LOS GENOCIDAS


El colectivo Limando Rejas* expresa enfáticamente su rechazo a la Resolución nro. 557, dictada por el Director Nacional del SPF Emiliano Blanco, que dispone la reubicación de las mujeres alojadas en un sector de la Unidad 31 de Ezeiza, a los fines de alojar transitoriamente allí a personas detenidas por haber cometido crímenes de lesa humanidad, hasta tanto se les construya para ellos “una residencia específica”.
La resolución adoptada por SPF utiliza argumentos vinculados con el crecimiento de la población detenida por este tipo de delitos, y con la conveniencia de que la misma esté alojada cerca del Hospital Penitenciario.
Estamos convencidos de que la salud y la vida constituyen derechos inherentes a las todas las personas y no privilegios para unos pocos. El estado tiene la obligación y el deber de garantizar estos derechos sin discriminación alguna.
Es de público conocimiento el hacinamiento de las cárceles y la falta de acceso a la salud de la cual es víctima la gran mayoría de las personas privadas de la libertad. El año pasado Limando Rejas de manera conjunta con las mujeres alojadas en el CPF IV Ezeiza presentó una nota ante la Dirección Nacional del SPF denunciando los problemas más relevantes de salud que las mismas sufren cotidianamente.
De la resolución cuestionada se desprende que el SPF está finalmente admitiendo que la lejanía respecto del hospital implica una dificultad para acceder a la salud. En este sentido, la medida adoptada va en detrimento de los derechos de otras personas detenidas que padecen enfermedades y dolencias, incluso de gravedad, y requieren la misma o mayor atención médica.
La resolución se refiere a quienes fueron parte de la dictadura cívico militar empresarial y eclesiástica como una “categoría de internos” que mantienen un “bajo nivel de conflictividad” calificándolos así positivamente y otorgándoles un trato diferencial respecto del resto de la población penitenciaria, vulnerando de este modo el derecho a la igualdad.
Por último, nos oponemos al modo en que fueron efectivamente realizados los traslados de las mujeres afectadas: de modo intempestivo, en horas de la madrugada, durante el fin de semana, por personal masculino armado, sin informar el destino ni permitirles los más mínimos preparativos, tales como comunicar telefónicamente a familiares, abogados/as defensores y organismos de derechos humanos respecto de su traslado o llevar consigo sus efectos personales. A eso debe sumársele las requisas denigrantes a las que fueron sometidas las mujeres al ingresar al Complejo Penitenciario Federal IV, que incluyeron, entre otras cosas, la inspección vejatoria de sus cavidades genitales.
Por todo lo expuesto, Limando Rejas repudia esta resolución y estas prácticas de la agencia penitenciaria, que son avaladas directa o indirectamente por la agencia judicial -al no controlar los traslados en forma previa a su efectivización- y que producen lesiones graves a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
*Limando Rejas forma parte de la organización política Usina y es un colectivo conformado por personas que están o estuvieron privadas de la libertad, estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, abogados y docentes, comprometidos con la disputa en favor del efectivo cumplimiento de los derechos de quienes viven o han vivido el encierro carcelario.

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