ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA ESTADISTICA CRIMINAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES


Por Mario Alberto Juliano[1]

 

La Procuración General de la provincia de Buenos Aires publicó el informe estadístico de 2012 correspondiente a las personas detenidas en el territorio bonaerense en el período indicado[2], información que suscita algunas reflexiones que deseo compartir.

En primer lugar, destacar y ponderar la relevante acción, tanto de la Procuración, como del Ministerio de Seguridad de la provincia, en lo atinente a la creciente sistematización  y publicidad de datos estadísticos relativos a hechos delictivos, como así también la respuesta del Poder Judicial frente a ese fenómeno.

No hay posibilidades serias de trazar una política criminal responsable y racional,  si no se cuenta con datos que, de modo objetivo, nos muestren la realidad sobre la que se quiere intervenir. Una política criminal que ignore los datos ciertos de la realidad es equivalente a una política estatal que avanza a tientas, de modo intuitivo y, como es de suponer, en esas condiciones, los resultados esperables serán poco alentadores. Lamentablemente, experiencias remotas y no tan lejanas, muestran las enormes consecuencias, pagaderas con moneda de derechos y garantías, de impulsar políticas criminales basadas en reclamos punitivos por hechos circunstanciales.

La tasa de encarcelamiento bonaerense

Las estadísticas indican que al 17 de diciembre de 2012 en la provincia de Buenos Aires había 30.988 personas detenidas por todo concepto. Esto es: aprehendidos, detenidos bajo el régimen de la prisión preventiva, condenados con sentencia no firme y condenados con sentencia firme.

Ese número (30.988), considerado en forma aislada, nada nos dice. Puede ser alto o bajo de acuerdo al universo con el cual se lo compare. El modo de mensurarlo es cotejándolo con el porcentaje que arroja cada 100.000 habitantes y que habitualmente se conoce como “tasa de encarcelamiento”. Si hacemos esa operación tendremos que la tasa de encarcelamiento para la provincia de Buenos Aires es de 198 personas cada 100.000 habitantes, tomando en consideración que la población bonaerense es de 15.625.084 habitantes. Cifra (198/100.000) que tampoco, aisladamente considerada, es demasiado relevante si no la cotejamos, a su vez, con tasas de otras realidades geográficas y con la realidad del propio distrito en cuestión.

La evolución de la tasa de encarcelamiento en la provincia de Buenos Aires tiene una notoria tendencia ascendente (cada vez se encarcela a más cantidad de personas), ya que mientras en 2010 la tasa fue de 172, en  2011 fue de 177, para llegar a los 198 de 2012, revirtiendo la tendencia negativa que se había observado en 2006 con posterioridad al dictado del fallo “Verbitsky”. En este punto no puede omitirse que de acuerdo a la sanción de las últimas leyes destinadas a restringir las posibilidades excarcelatorias, sumado al discurso oficial que reclama que no se libere a los sospechosos de haber cometido delitos, es de suponer que la tasa continuará en aumento.

Luego, si cotejamos esos números con la tasa de encarcelamiento a nivel nacional (147), e inclusive con la tasa mundial (125), comprobaremos que también las supera con holgura, y si bien no se aproxima a los estados más encarceladores del orbe (EE.UU. 716; Rusia 618), tampoco puede predicarse que se encolumne con los que menos lo hacen (que ubican sus guarismos muy por debajo de 50), destacándose en el nivel regional, junto a Chile (437) y Brasil (247).

También es interesante analizar y comprobar de qué modo el incremento en las tasas de encarcelamiento no se corresponde con aumentos correlativos de las tasas delictivas y que, desde algún punto de vista, pudiera justificar la decisión político criminal de tener más personas privadas de la libertad. Pero ese es un capítulo que excede el marco de este comentario.

Regresando a los datos provinciales, los departamentos judiciales más “encarceladores”, si se permite el término, fueron La Plata (255), Mercedes (254) y San Martín (252), con tasas que se ubican por encima de la media provincial, mientras que los menos encarceladores fueron Bahía Blanca (112), Necochea (122) y Trenque Lauquen (132).

Como puede apreciarse, los distritos con tasas de encarcelamiento más elevadas corresponden al Conurbano, mientras que las más bajas son del interior de la provincia, poniendo de relieve la identificación del epicentro de la conflictividad. Dato corroborado con el aporte de presos al total de la población penitenciaria: el Gran Buenos Aires aporta el 64%, mientras que el 36% restante es del interior de la provincia.

La tipología del preso bonaerense

De acuerdo a la información relevada, el preso bonaerense es en forma casi unánime varón (95%) y joven (el 50% tienen menos de 30 años de edad, el 31% entre 30 y 40 años y el 19% restante, más de 40 años de edad).

De la muestra no surgen datos de la condición social del preso bonaerense, pero con recorrer cualquier establecimiento penitenciario bonaerense se podrá comprobar, a simple vista, la extracción de su población.

La situación procesal de la población penitenciaria bonaerense

Al 17 de diciembre de 2012 el 45% de las personas privadas de la libertad (14.062) se encontraba “detenida”, el 19% (5.868) con sentencia condenatoria no firme y el 36% restante (11.058) condenados, con sentencia firme. Los datos precedentes revelan la inquietante presencia de los denominados “presos sin condena”, que sumando los dos primeros rubros totalizan un 64% de la población penitenciaria (19.930 personas)

Puede hacerse una segunda lectura de los datos desagregados, que permiten determinar cuáles son los departamentos judiciales con más cantidad de detenidos “preventivos” (San Nicolás, con un 83%; Pergamino y Dolores, con un 82%), y cuáles que los que tienen más personas detenidas como consecuencia de condenas firmes (La Matanza con 48%, Bahía Blanca y Morón, con 47% y Trenque Lauquen, con 46%).

Esta información permite apreciar, desde mi perspectiva, la incidencia de los operadores judiciales en los resultados, ya que aplicando la misma ley difiere de modo sustancial, principalmente, la cantidad de presos sin condena de un departamento judicial al otro. No de otro modo puede explicarse que, por ejemplo, mientras San Nicolás tiene al 83% de sus presos sin condena firme, en La Matanza dicho índice se ubica en el 52%, que sin ser un dato para enorgullecerse, se ubica bien por debajo de la media provincial, del 64%.

Presos por tipo de delitos

El 51% de los presos bonaerenses lo está por delitos contra la propiedad, el 22% por delitos contra la personas, el 9% por delitos contra la integridad sexual, el 9% por infracciones a la ley 23.737 (tenencia y comercialización de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes) y el 9% restante, por otros delitos (básicamente, la tenencia y portación de armas de fuego).

Como es evidente, con estos datos se pone de manifiesto que la agencia penal, y fundamentalmente los integrantes de las fuerzas de seguridad, encargados de realizar la intervención temprana y proveer de casos al sistema, y los fiscales, en su condición de titulares de la acción penal, se encuentran particularmente entrenados para intervenir en la criminalidad menos compleja, frecuentemente detectada en su flagrante comisión, y raramente extienden sus alcances a otro tipo de hechos. Tangencialmente, que las personas presas en territorio de la provincia de Buenos Aires se encuentran en esa situación por la comisión de los delitos menos complejos.

Los tiempos del proceso

El promedio de tiempo que se insume para llegar a la sentencia de primera instancia por la vía del juicio oral y público es de 324 días, mientras que si la vía escogida es la del juicio abreviado, los días que se necesitan, en promedio, son 276.

La primera observación es que, en realidad, no existe tanta diferencia de tiempo necesario para dictar una sentencia si se lo hace por un juicio oral y público, que si se lo hace en un juicio abreviado, de donde puede afirmarse que, o los juicios orales se realizan rápidamente o los abreviados son demasiado lentos. Me inclino por la segunda opción.

Falta informar el dato del porcentaje de sentencias obtenidas en juicios orales y públicos y sentencias de juicios abreviados, animándome a decir, de modo un tanto intuitivo, que la diferencia debe ser abismal a favor del juicio abreviado, habiendo quedado el juicio oral reservado para casos especiales, tema que también merecería algunas reflexiones más profundas y pormenorizadas pero que, desde mi punto de vista, no es de una resolución tan sencilla y apresurada.

La orden judicial de detención

El último dato de interés es la forma en que se produjo la detención de las personas que ingresaron al sistema penal. A este respecto surge que el 89% de los individuos fueron aprehendidos en la flagrante comisión del delito o por orden del fiscal (luego sometida a control judicial, salvo que hubiese recuperado la libertad), mientras que solamente el 11% restante lo fue como consecuencia de una orden judicial.

Según puede apreciarse, la manda constitucional de que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente es una cláusula que se encuentra en un limbo en la provincia de Buenos Aires, con una fuerte intervención directa de las fuerzas de seguridad sobre la libertad ambulatoria de sus ciudadanos.


[1] Presidente de la Asociación Pensamiento Penal y juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s