Stornelli destapa la olla


22-12-2009 / Tres mujeres asesinadas en ocasión de robo son la base de la denuncia contra la Bonaerense.
La misma, además de significar un súbito giro en su política de mano dura, pone en evidencia algo que hasta entonces era un secreto a voces: el uso de menores por parte de los uniformados como mano de obra delictiva. El hecho en sí pulveriza el discurso vigente sobre la inseguridad

Por Ricardo Ragendorfer
FUENTE: delitosypesquisas@miradasalsur.com

Todos los ojos convergieron hacia el recién llegado. Y alguien exclamó:
–¡Marito se dio la carmela!
Esa frase, vociferada a fines de octubre en la tribuna oficial del Hipódromo de San Isidro, provocó la hilaridad de los presentes. Aludía al teñido color caoba que estrenaba un individuo alto y espigado que había llegado minutos antes de largarse la sexta carrera. Era nada menos que el comisario retirado Mario Rodríguez –más conocido por el simpático mote de El Chorizo–, un antiguo dignatario de la Maldita Policía que durante la década de los ’90 supo dominar a sangre y fuego los territorios bajo su control.
Exactamente un año antes –tal como informó Miradas al Sur en su edición del 2 de noviembre de 2008– se lo vio entrar al despacho del ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli. Dicen que, en esa ocasión, el Chorizo fue consultado acerca de cómo optimizar los vínculos entre el poder político y los uniformados. Sería el fin de las reformas consumadas por León Arslanian entre marzo de 2004 y diciembre de 2007.
Ahora, mientras una yegua de su propiedad peleaba la punta, el sujeto que lo acompañaba (ver foto en la pág. 15) persistía en agitar un brazo con entusiasmo. Se trataba de un viejo subordinado suyo; su nombre: Salvador Baratta. Por aquellos días, ejercía la jefatura policial de la estratégica Zona Norte.
Semanas después, tras el escándalo provocado por el caso Pomar, Baratta sería puesto al frente de la Superintendencia de Coordinación Operativa, alcanzando así el tercer sitio en la jerarquía de esa fuerza. Quizás en ello, su mentor haya tenido algo que ver. De hecho, en tal oportunidad recibió una llamada suya. Y durante casi un minuto, permaneció callado y sonriente con el celular pegado a la oreja, hasta que finalmente dijo:
–Gracias por todo, Marito.
A continuación, atendería otra llamada. Y esta vez sólo diría:
–Gracias, Marcelo.
El cariñoso agradecimiento iba dirigido al comisario Marcelo Andrade. Éste encabezaba la Departamental de Mercedes. Con anterioridad había sido jefe de la Dirección de Prevención del Delito Automotor. El 16 de noviembre fue desplazado de ese cargo, en medio de graves acusaciones por corrupción.
Al día siguiente fue asesinada la arquitecta y catequista Renata Toscano, de 43 años, al recibir un disparo en el rostro cuando llegaba a su casa de Wilde. A raíz de ello habría tres detenciones. Y durante tres días, se efectuaron tumultuosas manifestaciones de vecinos frente a la comisaría local. El 25 de noviembre ocurriría un hecho casi calcado: la muerte de la maestra Sandra Almirón, de 37 años, quien fue acribillada a quemarropa por tres jóvenes que pretendían robarle el vehículo a metros de su domicilio. A raíz del episodio, hubo tres detenidos; entre ellos, el hijo de un policía y un presunto ex alumno de la víctima. Esa escalada delictiva continuaría el 6 de diciembre con el homicidio de la bioquímica Ana María Castro, de 54 años, quien recibió un tiro en la nuca cuando estaba por ingresar a su auto en una esquina de Derqui. Sus dos autores siguen profugos.
El lunes pasado, Stornelli denunció ante el fiscal de La Plata, Marcelo Romero, que esos tres crímenes “podrían haber sido instigados por policías en actividad, en retiro o exonerados” con el fin de desestabilizar al gobierno provincial.
En dicha presentación, mencionó que el modus operandi consistía en crear una situación de caos a través de hechos sangrientos contra “mujeres con exposición social importante -maestras o profesionales- que automáticamente motorizarían a sus núcleos de pertenencia a marchas con claras infiltraciones”. Para ello -según el funcionario- los instigadores habrían reclutado “a menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia a contraprestación dineraria”. De tal modo, por primera vez reconocía por escrito algo que ya era un secreto a voces: el uso por parte de la policía de niños y adolescentes como mano de obra delictiva. Sólo que en esta ocasión, la finalidad de los uniformados habría sido la de manifestar su encono hacia medidas que Stornelli tomó para desactivar una serie de irregularidades en la dependencia que administra las plantas verificadoras. La misma, justamente, estaba a cargo de Andrade.

El huevo de la serpiente. Días antes, grande fue la sorpresa del ex juez federal al enterarse de que Andrade -al que supondía en disponibilidad y sin goce de sueldo- ahora estaba al frente de la Departamental de Mercedes. No fue él, por cierto, quien lo había catapultado en aquel puesto. Tal vez en ese instante haya comenzado a sospechar que la Bonaerense en realidad poseía una conducción paralela. Y es posible que ello le haya producido una irremediable desazón; al fin y al cabo, era el fin de su romance con esa fuerza.
Lo cierto es que, desde el inicio de su gestión, Stornelli se había esmerado en llevar adelante una estrategia que él mismo denominó como “política de confianza hacia la policía”. Su primera señal en tal sentido fue poner a un uniformado al frente de la Bonaerense, tal como lo hubo antes de las reformas de Arslanián. Al tiempo, también concretaría uno de los más caros anhelos del comisariato: el regreso al antiguo estatuto policial, que establecía un doble escalafón de oficiales y suboficiales. A ello añadió la aprobación de una ley diseñada por el ministro de Justicia, Ricardo Casal, para restringir el régimen de excarcelaciones sólo a presos mayores de 70 años, mujeres embarazadas y enfermos terminales. Aquellas medidas, junto a la intención de bajar la edad de imputabilidad de los menores y la cruzada para instalar el Código Contravencional, que restauraría el poder punitivo de la Bonaerense en sus peores épocas, fueron los puntos cardinales de su gestión.
En definitiva, Stornelli creyó que la inseguridad debía ser conjurada a través de la saturación policial de las calles y la existencia de penalidades más severas. Ahora, súbitamente, caía en la cuenta de que ello era como combatir el dengue con espirales y papamoscas. Los resultados, por cierto, estaban ante sus ojos. Al igual que la expresión sinuosa del comisario Andrada.
Quizás Stornelli ignorara hasta que punto dicho comisario era un viejo pájaro de cuentas. Ya a fines de los ´90, Andrade, junto al cabo  Julian Barrios y el comisario Alberto Sobrado -el mismo que tenía un millón de dólares depositado en las Islas Caimám-, tuvo una causa judicial en la UFI 3 de Morón, a cargo de del fiscal Gustavo Robles, por los delitos de “falsedad ideológica en instrumento público, falso testimonio agravado y encubrimiento de evasión”. El hecho también involucraba a un preso apellidado Quinteros, quien había abandonado su celda en la comisaría 6ª de El Palomar, previo pago a Andrade de 10 mil dólares.
Luego, éste recalaría en la peligrosísima Brigada de Investigaciones de La Matanza, en donde actuó bajo las órdenes del no menos peligroso comisario Osvaldo Seisdedos, cuyo apodo -El Desnucador- es toda una declaración de principios. Seisdedos, a su vez, es uno de los discípulos dilectos del Chorizo Rodríguez.
Lo cierto es que el viejo ex comisario fue una figura omnipresente en las entrañas de la fuerza aún después de su retiro. Basta recordar los cónclaves que fogoneó a mediados de 1999 para derribar al ministro Arslanián. Y ya reemplazado éste por el ex juez federal Osvaldo Lorenzo, el Chorizo y los suyos volverían a poner al poder político en aprietos cuando el entonces gobernador Eduardo Duhalde hizo renunciar al viceministro de Héctor Lufrano -un hombre apreciado por la corporación policial- debido a que alguna vez había sido abogado de Luis Valor. La respuesta policial se tradujo en una oleada de aslatos bancarios; entre ellos, la de esa sucursal del Banco Nación de Ramallo,que -como se sabe- terminó en una masacre de pistoleros y rehenes.
Más próximo en el tiempo, una denuncia del ex gobernador Felipe Solá y su ministro Juan Pablo Cafiero -en agosto de 2002- dabacuanta de la existencia de “bandas mafiosas que agravan la inseguridad entre las que no se descartaba la participación policial”. En ese momento, el gobierno bonaerense  se refería a dos casos sangrientos: el del prestamista Marcelo Penna -que apareció esposado y asesina en el parque Pereyra Iraola- y la aparición de tres narcos acribillados y decapitados en José Ingenieros. En ambos casos, la información oficial vinculaba los crímenes con efectivos de la ya mencionada Brigada de La Matanza. Inclusive, en aquel momento no se descartaba la existencia de una “cúpula policial paralela”.
De hecho, en la ratificación de su denuncia, Stornelli aportó en la fiscalía recortes periodísticos sobre esos añejos episodios episodios.

Por quien doblan las alarmas. Resulta, desde luego, muy inquietante que el ministro de Seguridad de la provincia -o sea, el jefe político de la Bonaerense- denuncie ante la Justicia que efectivos de esa fuerza andan ordenando matar mujeres en las calles. Como es de suponer, la oposición ya salió a denostarlo, tal como antes lo hacía al exigirle más firmeza en la instauración del orden público por medio de la violencia policial. Otros, en cambio, creen que la investigación del fiscal Romero terminará en la nada.  Es posible que ello sea así.
Sin embargo, en contra de todos los pronósticos, su desesperada presentación judicial -además de significar un giro en su propia política- echa por tierra los discursos más atávicos acerca de la violencia urbana. Porque analizar la inseguridad soslayando la pesada carga de la corrupción policial, es como hablar del sexo de los án-geles. Hasta ahora en ese tono han venido expresándose políticos de extracciones varias y la mayoría de los medios, siempre tan a tono con la urgencia de los “vecinos” por imponer un orden ciego e inmediato. A su pesar, ahora tienen ante sí un escenario más complejo: ya no se trata de satanizar adolescentes devastados por el paco; por el contrario, detrás de la sangrienta trama del delito callejero también anidan algunos poderes ocultos del Estado.

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