Nuevas cárceles, viejos problemas


¿Cómo se da respuesta desde la arquitectura a los problemas que enfrenta la infraestructura carcelaria, con casi 10.000 reclusos bajo jurisdicción federal y 45.000 bajo jurisdicción de las provincias?
Néstor Magariños
Arquitecto, FADU, UBA. Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (Universidad Católica Argentina – Universidad Politécnica de Madrid). Director del Programa Nacional de Infraestructura Penitenciaria
 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ha encarado la renovación de la infraestructura carcelaria y penitenciaria del sistema federal, a través del PRONIPE (Programa Nacional de Infraestructura Penitenciaria) –dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios– que se especializa en la planificación, proyecto y ejecución de obras penitenciarias.
El problema aludido, que se centra en la obsolescencia de las unidades carcelarias, la superpoblación y el trato de los reclusos, encierra en su trasfondo un profundo debate cultural que oscila entre la necesidad de una mayor seguridad en la población, y el necesario respeto por los derechos humanos de las personas que se ven privadas de su libertad.
En ese sentido, me permito transcribir lo sostenido por el ex Ministro de Justicia Alberto Iribarne: “El objetivo central de la acción penitenciaria es lograr la reinserción social de las personas que han estado privadas de la libertad. Las acciones conducentes a ese fin comienzan por el cuidado de la integridad física y de la salud de los internos, con la libertad de ejercer las prácticas de sus creencias religiosas, y se continúan naturalmente con las oportunidades de educación y capacitación laboral. Incluyen también la posibilidad de actividades recreativas, deportivas, culturales”, en la reunión del Consejo Federal Penitenciario en Posadas, en marzo de 2006.
Si partimos de la base de que la acción penitenciaria forma parte de un sistema integrado por cuatro pilares: la legislación penal, la policía, la justicia, y el propio sistema penitenciario, llegaremos a la conclusión de que los problemas penitenciarios no pueden ser resueltos solamente por los servicios penitenciarios y las autoridades políticas con competencia en el área.
Debemos pensar que la institución carcelaria no es el final de un recorrido, sino que constituye una función más del Estado, integrada a un proceso más amplio y complejo, tendiente a la protección de la persona humana y del conjunto de personas humanas que conforman una sociedad.
Para enfrentar el problema planteado, es necesario el debate que se debe dar en la sociedad, para comprender que resulta fundamental cambiar el concepto de castigo por el de tratamiento, y que éste se vea reflejado en los espacios físicos, tendiente a la construcción de establecimientos carcelarios que se ajusten a las leyes y normativas nacionales y tratados internacionales.
Se debe buscar que la privación de la libertad forme parte de un proceso de reinserción social, que incluya la educación, la capacitación laboral y mantener un vínculo fluido con su familia. Podría decirse que, mientras antes todo estaba centrado en la seguridad, ahora se tiende a generar ambientes que faciliten las actividades educativas, laborales y recreativas.
Es en este punto donde para desarrollar una política penitenciaria se la debe empalmar con la arquitectura penitenciaria, ya que son necesarios los espacios adecuados que requiera el tratamiento de los reclusos, como, por ejemplo, ámbitos para desplegar las actividades mencionadas, como la educación, el trabajo, la familia y otros.
Con ese objetivo, se ha implementado la construcción, mediante licitación pública, de establecimientos de baja densidad demográfica, con un máximo de 300 plazas, alojamientos individuales o en grupos, con un máximo de 50 celdas, operación descentralizada y diseño armonizado con los derechos humanos de los reclusos.
Asimismo, hay que destacar la importancia del concepto de “progresividad de la pena”, para que el interno sepa que si cumple su condena teniendo buena conducta, estudiando y trabajando, va a ir progresando y mejorando las condiciones, e incluso, posibilitando una mejor reinserción social al finalizar su condena, por lo cual, los establecimientos deben estar diseñados previendo sectores adecuados para cada etapa: cerrados, semiabiertos y abiertos.
Destacando que los proyectos han sido diseñados con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución Nacional y los Tratados internacionales de Derechos Humanos, y más específicamente con lo dispuesto por la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, encuadrándose asimismo, en las normas establecidas en la Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.
Los proyectos son concebidos siguiendo los más avanzados estándares internacionales en la materia y combinan soluciones proyectuales que integran conceptos de la psicología ambiental, de la prevención del delito mediante el empleo del diseño arquitectónico y del urbanismo, con sistemas de seguridad de última generación.
Nuevas instituciones
Ya ha sido adjudicada, y se encuentra próxima a comenzar, la construcción del “Centro Federal Penitenciario Noroeste Argentino I”, ubicado en la localidad de Gral. Güemes, Pcia. de Salta, cuyo proyecto arquitectónico y documentación técnica fueron íntegramente desarrollados por el equipo de profesionales del ProNIPe, con amplia experiencia en la planificación, proyecto y ejecución de obras carcelarias.
En él se busca incorporar la noción de campus alejado de los centros urbanos, con un doble cerco perimetral, transparente, sin muros, y con contacto visual hacia el exterior (muy diferente de la idea de encierro que daban los penales del tipo claustro), pero a la vez dotado de las más modernas y más eficientes condiciones de seguridad que un establecimiento carcelario requiere.
En 60 hectáreas, tendrá una superficie cubierta de 26.000 m2 y una capacidad de más de 240 plazas por sector. El penal estará dividido en un sector de hombres y otro idéntico para mujeres, que estará en el mismo predio, pero independiente. En el interior de cada uno de los cuatro módulos edilicios autónomos (esquema similar en el de hombres y mujeres), habrá una distribución en dos niveles.
Las celdas y el equipamiento sanitario serán individuales pero no habrá pasillos ni rejas. También habrá un módulo cerrado para reclusos peligrosos y un edificio de programas y servicios.
Todos los edificios tendrán un parque central rodeado de otro espacio verde entre ambos cercos perimetrales, y tendrán espacios comunes, como: salón de usos múltiples, capilla, escuela, biblioteca, talleres, escuela de formación profesional y hasta un jardín maternal.
La idea es que los internos pasen el menor tiempo posible en sus celdas, ya que la vida social humaniza la situación. Debiendo destacar que habrá sectores diferenciados para los presos condenados y otro para los internos sometidos a proceso judicial y aún sin condena firme, tal como lo exige la normativa pertinente.
Siguiendo este modelo, también se encuentra en licitación un establecimiento en la ciudad de Coronda, Provincia de Santa Fe.
Y ya han sido inaugurados un nuevo Centro de Detención en Jujuy (en un predio de Vialidad Nacional), la ampliación de la Colonia Penal de Viedma, la ampliación del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, la del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, la Cárcel Federal de Salta y la Cárcel Federal de Alto Comedero en Jujuy; encontrándose en obra la 1ª etapa de la Cárcel Federal de Formosa, y la ampliación de los establecimientos de Roque Sáenz Peña, Chaco.
Pero el proyecto más ambicioso e importante por su dimensión, es el nuevo penal de Mercedes, el “Complejo Federal de Condenados”, para el cual se ha llamado a un Concurso Nacional de Anteproyectos, mediante un convenio suscripto con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, abierto para todos los profesionales interesados en incursionar en un tema que requiere de soluciones permanentemente.
Este complejo comprende la construcción de cinco establecimientos diferenciados para el cumplimiento de la pena, con una capacidad total superior a las 1500 plazas y una superficie superior a los 70.000 m2.
Estamos construyendo instituciones penitenciarias de última generación, adecuadas y completas para realizar el tratamiento de los internos de acuerdo a la ley y a los estándares internacionales, pero si paralelamente no logramos que en la sociedad y en los principales actores involucrados se dé un necesario cambio cultural, las cárceles quedarán construidas con espacios subutilizados o desperdiciados, sin cumplir acabadamente con el objetivo de lograr que un máximo número de reclusos se reinserte activamente en la sociedad.

Fuente: Revista Encrucijadas. Revista UBA.

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