La mano dura europea


ROMA.- Con la fuerza de una victoria apabullante en las urnas, el premier italiano, Silvio Berlusconi, hizo ayer realidad la política de tolerancia cero contra inmigrantes clandestinos y criminales que había prometido durante la campaña electoral. En la primera reunión de su consejo de ministros, en Nápoles, su flamante ejecutivo de derecha aprobó ayer un durísimo “paquete de seguridad”.

Por medio de un decreto, dos proyectos de ley que deberán ser aprobados en el Parlamento (en el que cuenta con una mayoría absoluta) y tres decretos legislativos que entrarán en vigor en dos meses, el Cavaliere endureció en forma drástica la política inmigratoria.

La inmigración ilegal será considerada un delito que podrá castigarse con penas que van desde los seis meses a los cuatro años de prisión; las expulsiones de clandestinos serán más fáciles y rápidas; se establecerá un banco de datos de ADN para controlar mejor las reagrupaciones familiares de inmigrantes. Además, habrá penas más severas para delitos de microcriminalidad, así como nuevas medidas para combatir a la mafia.

“La seguridad es un tema grave que tiene que ver con todos los italianos: el derecho a no tener miedo es un derecho primario que el Estado debe garantizar”, dijo Berlusconi, en una conferencia de prensa en la que, muy serio, anunció soluciones de tipo militar para la crisis de la basura que sufre Nápoles desde hace meses.

El paquete de seguridad, severamente criticado por la oposición, la Iglesia Católica, gobiernos extranjeros y organismos internacionales por sus tintes “racistas y xenófobos”, fue impulsado por el ministro del Interior, Roberto Maroni, miembro de la xenófoba Liga Norte.

Sin embargo, Maroni desestimó cualquier denuncia al asegurar ayer que las nuevas medidas “respetan plenamente las normativas” de la Unión Europea (UE). Justamente anticipando una norma europea, explicó que de ahora en más los clandestinos podrán ser retenidos hasta 18 meses en los Centros de Permanencia Temporaria.

Considerar delito a la inmigración ilegal fue siempre un gran sueño de la Liga Norte. Incluso figuraba en una ley promulgada por el anterior ejecutivo de Berlusconi, pero fue luego declarada inconstitucional.

Al margen de que los juicios serán más rápidos para que las expulsiones de inmigrantes clandestinos sean inmediatas, de ahora en más también habrá mayor severidad para los ciudadanos de la UE.

En un intento de frenar la oleada de inmigrantes comunitarios “pobres”, como los de Rumania -que ingresó en la UE el año pasado-, y que en Italia son percibidos como culpables del aumento de la criminalidad, habrá que cumplir ciertos requisitos para poder residir en Italia. Se exigirá que “los ciudadanos tengan un ingreso adecuado para poder mantenerse y mantener a su familia y que no obligue al Estado a ponerlo a cargo de la seguridad social”, explicó Maroni.

También se exigirán pruebas de ADN a los familiares que pidan la reunificación; mayores controles para otorgar el status de refugiado y la confiscación de los departamentos alquilados en negro y con fines de lucro a inmigrantes clandestinos.

Además, para evitar los “matrimonios de conveniencia” (que tienen como objetivo obtener la ciudadanía italiana), los dos futuros cónyuges deberán antes convivir por dos años.

En cuanto a las medidas antimafia, el gobierno agilizará los trámites para entregar al Estado los bienes confiscados a la criminalidad organizada, para luego “ponerlos a disposición de la comunidad”, dijo Maroni.

En tanto, habrá penas más severas para quienes manejen alcoholizados o cometan delitos contra ancianos o discapacitados. En una medida dirigida a los gitanos, también será considerado un delito mendigar. Y se le quitará la patria potestad a quienes utilicen a los chicos para pedir limosna.

Finalmente, cualquier pena será aumentada en un tercio si quien delinque es un clandestino.

Para solucionar el problema de la basura que ha provocado una grave crisis en Nápoles, el gobierno también decidió aplicar la línea dura. Al margen de designar a Guido Bertolaso, jefe de la Defensa Civil, como subsecretario de Estado para enfrentar la emergencia, el gobierno aprobó un decreto que dio luz verde a la apertura de cinco descargas de basura en la región de Campania.

En los últimos tiempos las protestas de la gente de la zona, que teme enfermedades, impidieron la apertura de estos establecimientos. Por ello, Berlusconi anunció que serán considerados zonas de interés estatégico-militar, y serán custodiados por fuerzas armadas.

“No se aceptarán más las acciones de minorías organizadas”, advirtió Berlusconi, que anunció que quien impida el acceso a estos sitios, o ingrese en ellos en forma abusiva, “será castigado con arresto de tres meses a un año”.

“Queremos volver a ver flores en lugar de inmundicia”, concluyó Berlusconi, que confirmó que el desafío de la basura -en el que se entremezcla la incompetencia política con la mano negra de la camorra , la mafia napolitana-, será la verdadera prueba de fuego de su ejecutivo.

Por Elisabetta Piqué
Corresponsal en Italia

Fuente: LA NACION

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