Fernández Gez habría puesto en peligro su detención domiciliaria


San Luis (Pelr) 07-01-08. Miguel Ángel Fernández Gez, jefe máximo militar en el año 1976 en San Luis, detenido en el marco de la causa en la que se investiga el asesinato de Graciela Fiocchetti, la desaparición de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma y las torturas a Víctor Fernández, habría puesto en juego su detención domiciliaria al acusar a otros jefes militares de la comisión de estos hechos.

Fernande Gez, acusó en una escritura pública firmada el 4 de octubre pasado a los tenientes coroneles Juan Carlos Moreno, Guilermo Daract y Geacimo Quiroga y al Teniente Primero Horacio Dana, y a otros oficiales, de haber ejecutado en las Salinas del Bebedero a Graciela Fiochetti. El militar que tenía a su cargo la comandancia militar en esta provincia, niega en ese escrito haber tenido participación en los hechos denunciados y le adjudica -con nombre y apellido- la responsabilidad que cada uno de quienes eran en ese momento sus subordinados, habría tenido.

El testimonio comprometedor, realizado ante el escribano Fernando Farina, lo dejaría en mala situación a Fernández Gez, ya que habría violado su detención domiciliaria para realizarlo, o al menos no constaría en el escrito que el notario haya concurrido al domicilio del militar procesado para tomárselo.

Lo que no ha trascendido es si la instrucción de la causa ha ordenado medidas respecto de la posible violación de la detencion domicliliaria, pues esta declaracion no se sabe a ciencia cierta dónde ocurrio. Esto es, si se presentó el escribano FARINIA al domicilio de Fernandez Gez o bien, éste fue a su escribania. Debería haberse secuestrado de manera inmediata al momento de tomar conocimiento del libro de registros de las visitas al reo, para ver si consta la presencia del escribano en el domicilio del militar.

En su testimonio, Fernández Gez, asegura haber sido visitado por un grupo de militares que estarían implicados en la causa, quienes le habrían pedido que él -por ser el comandante en la zona- se haga cargo de la responsabilidad del hecho, a lo que se habría negado terminantemente, por no haberlos autorizado ni consentido, según lo que se publicó en un medio de tirada nacional.

Ahora bien, si estos militares concurrieron a visitarlo, hasta el momento no se ha conocido que la justicia federal local haya tomado medidas en torno a estas personas, para corroborar las aseveraciones de Fernández Gez, ya que podría existir una confabulación entre éstos para burlar al brazo de la ley.

El cambio de abogados en la causa por parte de los acusados, que se conoció en los últimos días, podría ser parte de una estrategia conjunta, aunque también se entrevé que por primera vez en una causa por delitos de lesa humanidad, los propios militares “prendieron el ventilador” y comenzará un “sálvese quien pueda” a fin de no pasar los últimos días de su vida en la cárcel.

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