No a la ley Anti terrorista


El pasado miércoles 6 de junio de 2007 la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación dio media sanción al proyecto de ley antiterrorista, enviado el 20 de diciembre de 2006 por el Poder Ejecutivo Nacional, con 51 votos a favor, correspondiendo a Vilma Ibarra la defensa pública del proyecto en consonancia directa con Cristina Kirchner impulsora del mismo en la Cámara Alta y 1 en contra, del  senador del Partido Socialista Rubén Giustiniani.
 
El proyecto aprobado por el Senado fue girado el mismo 6 de junio a la Cámara de Diputados. Al día siguiente, con mucha celeridad, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados empezó a juntar firmas para un dictamen favorable al proyecto que crea la figura penal de “asociación ilícita terrorista” y penaliza la financiación del terrorismo.
 
En la sesión de este miércoles 13 de junio, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto por mayoría y lo convirtió en ley, con los votos del Frente para la Victoria, la UCR y algunos partidos provinciales, con la oposición del ARI, el PS, más los diputados Carlos Tinnirello y Miguel Bonasso, pasando ahora el proyecto a manos del propio Kirchner para su promulgación, la cual se descuenta ya que él mismo la ha redactado y promovido.
 
La sanción de esta ley tiene como objetivo extender el  poder de represión a través de una herramienta legal que aumenta enormemente las atribuciones de las fuerzas policiales, de inteligencia,  jueces y fiscales y que es lo suficientemente severa para con los que luchan y lo más abierta posible en cuanto a las acciones que puedan quedar enmarcadas como “terroristas”.
 
Esta Ley Antiterrorista se enmarca dentro de la doctrina jurídica más retrograda y fascista, reproduciendo la doctrina del “Derecho Penal del Enemigo”, y el “Derecho Penal de Autor”, creando delitos que no penan hechos, sino a sus autores por el sólo hecho de ser un luchador, trabajador, o por pertenecer a una organización política, social, gremial o de derechos humanos. Es en este marco que se utiliza la figura de la asociación ilícita, que ha sido usada tanto por gobiernos de facto como constitucionales para reprimir a los trabajadores y el pueblo.
 
Esta herramienta represiva trata como un “terrorista” a todo aquel que forme parte (por el sólo hecho de ser parte) de una organización (estudiantil, barrial, política, social, gremial) que luche por reivindicaciones del tipo que sea, que intente mediante la comisión de delitos (los fiscales interpretan siempre que cortar una calle o una ruta es un delito) obligar a un gobierno u  organismo internacional (ej. FMI, Banco Mundial, etc.), a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que la organización (llamada en el proyecto: asociación ilícita terrorista), tenga un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político (no podemos saber como se interpretará este requisito, pero la existencia de más de 5.000 personas procesadas penalmente por luchar, nos da un indicio), que esté organizada en redes internacionales (las organizaciones políticas y sociales suelen tener contactos y relaciones con otras organizaciones internacionales) y dispongan de cualquier medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas, agravándose la pena para los jefes de la organización.
 
Se aprecia claramente la vaguedad de los términos utilizados, los cuales permiten una gran amplitud por parte del intérprete sobre que es una organización terrorista, lo cual plantea el serio y fundado peligro de que esta herramienta represiva sea utilizada para limitar, restringir y penalizar a los integrantes de organizaciones obreras y populares y a ellas mismas.
 
Reprime con prisión de 5 a 15 años, a todo aquel que colabore de  alguna manera con cualquier integrante de esta organización “terrorista”, independientemente que esa persona u la organización efectúe acto o hecho alguno.

Esta legislación asimismo es sumamente retrógrada en materia de refugio y asilo político.

La ley amplía las facultades ya de por sí amplísimas de la Unidad de Información Financiera, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación , para investigar y atacar las fuentes de ingresos de las organizaciones sociales, y políticas populares disponiendo (arts. 4 a 8 de la ley) que se las debe investigar, pudiendo disponer de los servicios de todas las agencias de inteligencia del Estado, teniendo acceso a cualquier tipo de información sobre cualquier persona sin importar el carácter de los datos, solicitar la suspensión de cualquier operación o acto aún antes de su realización cuando existan a su criterio indicios de que se trata de dinero proveniente o con destino a un “integrante” u “organización terrorista”, solicitar la confiscación preventiva de fondos a organizaciones populares.
 
Por medio de esta ley (la cual se complementa entre otras con la 25.241, 25.246 y los diferentes tratados internacional sobre terrorismo) se profundiza la institucionalización de los infiltrados y provocadores en las organizaciones obreras y populares, así como la incorporación de la figura del arrepentido (art. 9 que hace aplicable la ley 25.241), etc.

Con esta ley el Gobierno de Kirchner dice responder a una exigencia del gobierno de los Estados Unidos y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que habían adelantado que considerarían a la Argentina como “país no confiable para las inversiones” si no sancionaba una norma que castigue al terrorismo antes del 23 de junio.
 
Ante las presiones internacionales de Estados Unidos, Israel y distintos organismos internacionales (ONU, GAFI, FMI, entre otros) sobre Argentina y el resto de los países de América Latina, y por la necesidad de contar con una herramienta represiva legal contundente frente a cualquier tipo de protesta popular que atente contra sus objetivos, Kirchner ha manifestado en innumerables oportunidades su compromiso en la lucha contra el llamado “terrorismo”, siendo por su iniciativa que, la República Argentina aprobara el 30 de marzo de 2005 la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, así como ha ampliado la capacidad operativa del Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas perteneciente a la Policía Federal Argentina, organismo creado durante la presidencia de Menem, el cual cuenta con un centro de detención especial –una cárcel al margen de la ley- para “terroristas” ubicada en la calle Cavia al 3300 de esta Ciudad de Buenos Aires.
 
El Gobierno de Kirchner manipula el atentado a la AMIA para justificar la sanción de la Ley Antiterrorista , cuando es el propio Ejecutivo Nacional quien garantiza la impunidad de los responsables negando la apertura de los archivos secretos de inteligencia existentes sobre el atentado y desviando la investigación según los intereses de los Estados Unidos e Israel. Ni el atentado a la AMIA , ni ningún otro de los crímenes cometidos contra el pueblo argentino se resuelven con esta Ley Antiterrorista, la cual esta al servicio de la impunidad de ayer y de hoy.
 
Cuando aún se encuentra pendiente la solución de los grandes problemas del pueblo argentino, el Gobierno de Kirchner promueve la aprobación de legislación que desarrolla y legitima el poder de represión en manos de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado, a pesar de que el propio Presidente ha reconocido que dentro de los mismos aún trabajan sectores importantes relacionados con la represión de la dictadura.
 
Mientras tanto continúa desaparecido el compañero Jorge Julio López, secuestrado hace más de 9 meses, siguen las amenazas y secuestros a testigos, querellantes de hechos perpetrados durante el genocidio de la dictadura, se mantienen los indultos y la impunidad para los genocidas y se profundiza la represión a los que luchan, como lo demuestra el fusilamiento del compañero Carlos Fuentealba en Neuquén y la militarización de la provincia de Santa Cruz, donde la ciudad de Las Heras fue ocupada por la Gendarmería y desde hace un año y cuatro meses mantiene como rehenes a seis presos políticos.  Del mismo modo siguen detenidos compañeros de organizaciones que confrontan con el gobierno, o permanecen presos a la espera de resolución del  juicio de extradición seis campesinos paraguayos que vinieron a la Argentina a solicitar refugio. 
 
Con esta política, el Gobierno no sólo sostiene la impunidad que dice combatir sino que avanza día a día en la represión a las luchas del movimiento obrero y popular.

NUESTRA RESPUESTA NO SE PUEDE HACER ESPERAR!

Es por esto que llamamos a unir todos los esfuerzos de los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos, intelectuales, estudiantes, trabajadores ocupados y desocupados para repudiar e impedir la aplicación de la Ley Anti-Terrorista , así como para luchar por su derogación y la de los tratados internacionales que le sirven de base, coordinando actividades, movilizaciones y todo tipo de acciones políticas.
 

 Buenos Aires, 13 de junio de 2007.

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