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Américas: los crímenes no se resuelven pero hay cada vez más presos

El incendio que terminó con más de 350 muertos en una cárcel hondureña debe obligarnos a revisar a fondo los sistemas penitenciarios de América Central. Las prisiones están saturadas en precarias instalaciones en las cuales el Estado no puede proveer siquiera la custodia necesaria, por lo que los internos controlan muchas de las actividades. Lejos de ser reformatorios, las prisiones son pequeñas sociedades por sí mismas, pero reguladas por el crimen, la violencia, las deudas y los favores; saturadas más allá de cualquier límite. Son bombas de tiempo, insuficientes ya para albergar a más seres humanos.

A principios de esta semana el ministro de seguridad dijo que, según sus cálculos, la impunidad en El Salvador asciende, solo para homicidios, a 97 por ciento. En otros crímenes las tasas pueden ser iguales o mayores. Aún así, hoy el sistema penitenciario salvadoreño, con capacidad para poco más de 8 mil internos, contiene 25 mil personas hacinadas.

En otras palabras, si el resto de la institucionalidad del Estado (policía, fiscalía y sistema judicial) funcionara y pudiera llevarse a juicio a una mayor cantidad de homicidas, ni siquiera tendríamos dónde meterlos a pagar su condena. El problema es así de grave. Aquí, cualquier día, puede pasar lo mismo que en la prisión de Comayagua, con consecuencias igual o más trágicas.

(…) En una de sus últimas entrevistas como director de prisiones, el ahora viceministro de seguridad, Douglas Moreno, dijo a este periódico hace un par de meses que el sistema penitenciario estaba casi totalmente corrompido, que las prisiones son lugares desde donde se administra el crimen organizado y que además hay sectores empresariales que buscan que la bomba estalle para avanzar con sus planes de privatización de cárceles.

La bomba estallará muy pronto. (…)

 Texto original, aquí.

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Guatemala tiene 22 prisiones con capacidad para 8.000 reos, pero albergan actualmente casi 13.000. El Salvador tiene 19 con capacidad para 9.000, pero ahora albergan 25.000 y Honduras tiene 24 con capacidad para 8.000, pero actualmente albergan 13.000. Es decir que infiernos como el reciente pueden repetirse. En estos países existe un severo déficit en cantidad y/o calidad de las policías y una saturación extrema de sus sistemas judiciales. En Guatemala y Honduras los niveles de penetración del crimen organizado entre policías y militares son tan graves que podrían volverse irreversibles.

Texto original, aquí.

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El ex-penal García Moreno [en Ecuador] fue inaugurado en 1875, con apenas 71 personas (Goetschel). El edificio es una estrella de cinco puntas (pabellones) y fue diseñado con los parámetros de la arquitectura panóptica europea. Según el informe de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, en 2004 albergaba a 924 hombres, 431 de ellos por drogas ilegales, 102 por delitos contra la propiedad, 278 por delitos contra las personas, 57 por delitos sexuales y 56 por otros delitos. De los detenidos, 564 estaban condenados y 360 procesados. Los funcionarios penitenciarios se dividían en 59 guardias, cinco médicos, tres psicólogos y un instructor de taller.

Lo primero que llama la atención al entrar es el movimiento. La mayor parte de la gente está ocupada en algo y transita por los patios, pabellones y celdas sin prestar demasiada atención. Para el recién llegado son chocantes el bullicio y la rapidez con que la vida acontece. Cada uno atiende lo suyo y trata, en lo posible, de no entrometerse en problemas ajenos. Esta indiferencia es intimidante y hasta peligrosa para el interno nuevo: además de su ignorancia en cuanto a las necesidades mínimas para sobrevivir, se encuentra a merced del ánimo de sus compañeros, quienes, por aburrimiento o necesidad, a menudo no encuentran mejor actividad que hostigarlo y robarle lo poco que le quedó después de pasar tres o cuatro días encerrado en un calabozo con 20 personas más.

Si logras sobrellevar la primera impresión sin volverte loco –me decía un preso–, el siguiente paso es conseguirte una celda para dormir. En el penal, las celdas se compran a un precio que oscila entre los 400 y los 2.000 dólares. El valor se fija en función de los derechos que el propietario adquiere y del número de personas que deben compartir el espacio con él, lo cual, a su vez, depende del pabellón en que se ubica. En un pabellón, por ejemplo, solo se acepta a tres internos por celda, mientras que en otro el número depende de la cantidad de gente encarcelada, lo que significa que pueden vivir entre seis y diez personas en un espacio diseñado para apenas dos. Quien paga por la celda puede expulsar a sus compañeros durante el día o incluso prohibirles el uso del baño o la televisión, si es que la tiene.

(…)

En la región andina, la política represiva más efectiva es el modelo carcelario relacionado con las drogas ilegales implementado en los últimos 30 años. Este dispositivo, de carácter biomédico, militar y policial, emerge en un contexto de relaciones internacionales asimétricas entre América Latina y Estados Unidos, país que lidera la política antidroga a escala mundial. Desde su inicio, la estrategia se orienta hacia los países productores y no hacia los consumidores, y su objetivo es evitar el ingreso de drogas ilegales a las naciones con alta demanda y criminalizar la oferta (…). La política antidroga sigue estructurada sobre la base de tres estrategias que tienden a simplificar el fenómeno y a reducir las dinámicas sociales a un problema de trayectorias individuales. La primera estrategia es la militarización. Con el fin de la Guerra Fría, el narcotráfico se convirtió en el tema prioritario en la agenda de seguridad nacional estadounidense. Después de  los atentados del 11 de septiembre, el tema fue incorporado a la retórica antiterrorista, lo que permitió reforzar y potenciar la visión militar de la «guerra  contra las drogas». Para dimensionar el alcance de la militarización, basta  con revisar los montos de las transferencias de EEUU hacia América Latina: entre 1997 y 2002, Washington gastó más de 2.737 millones de dólares en programas antidroga. En segundo lugar, según Irigoyen y Soberón (1994), en los países andinos se consolidaron verdaderos subsistemas penales, cuyo origen es la decisión de acoger la normativa internacional contra las drogas ilegales sin guardar ninguna coherencia con la legislación interna, sin respetar el criterio de proporcionalidad entre el delito y la pena y sin distinguir tampoco entre campos de control (consumo, cultivo, procesamiento y tráfico). Los casos de Ecuador (Ley 108) y Bolivia (Ley 1.008) muestran la forma en que las embajadas estadounidenses influyeron en la sanción de esta clase de normas, centradas en la criminalización indiferenciada de consumidores, «mulas» (gente que lleva pequeñas cantidades de droga en maletas o dentro de su cuerpo), pequeños expendedores y traficantes (…).

Texto original, aquí.

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Con casi 500.000 presos, Brasil (un país de 190 millones de habitantes) tiene hoy la tercera mayor población carcelaria del mundo, por detrás sólo de China y Estados Unidos. El número de reos aumentó extraordinariamente desde 1990 (un 450% en 20 años). Y, como las cárceles no crecieron al mismo ritmo, existe en la actualidad un déficit de 200.000 plazas.

En la actualidad, según datos del Depen, hay en Brasil un 65% más de presos que de plazas en las cárceles. Para colmo, se calcula que unos 20.000 reos deberían estar ya en libertad, pero permanecen en prisión por la lentitud del sistema judicial.

El resultado es una situación de hacinamiento que alimenta la violencia y los abusos y que fomenta motines y fugas. “Las prisiones brasileñas se caracterizan por el terror, las torturas, los malos tratos y otras brutales violaciones de los derechos humanos”, según Givanildo Manuel, miembro de la asociación de derechos humanos Tribunal Popular.

La ONU le daba la razón el año pasado cuando denunciaba las torturas y el hacinamiento en las prisiones brasileñas y señalaba la existencia de detenidos en lugares irregulares. Se estima que más de 50.000 reos están recluidos en comisarías que carecen de unas mínimas infraestructuras para cumplir esa función.

De ahí que Brasil tenga un altísimo índice de reincidencia (el 70%, según el Depen) y que el crimen organizado se haya hecho fuerte dentro de las cárceles, donde se yerguen como protectores de los reos en la reivindicación de mejoras. El Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor organización criminal del estado de São Paulo, es el mejor ejemplo de ello.

Proyectadas para 300.000 reclusos, las cárceles albergan a casi 500.000

(…) La mayor parte de esa inmensa población carcelaria son hombres jóvenes, negros y pobres. La cuestión es si el sistema judicial y penal brasileño pretende ser una vía para la reinserción y la prevención del crimen o, más bien, es el instrumento de los poderosos para mantener a raya a los más desfavorecidos dentro de un sistema económico y social profundamente desigual.

Juárez Cirno dos Santos, doctor en Derecho Penal por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), cree que el brasileño es un “Estado policial” cuya estrategia es “el encarcelamiento en masa de los pobres”. No menos contundente es Bruno Alves de Souza Toledo, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa: “El sistema judicial existe para mantener un modelo social que es elitista, racista, homófobo y profundamente conservador”.

 Texto original, aquí.

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(…) durante los últimos años se han profundizado en Argentina los discursos que restringen derechos y garantías de los detenidos para ocultar la ineficiencia administrativa y judicial y ha persistido el recurso a medidas como la prisión preventiva de manera abusiva y arbitraria. Como huella profunda del terrorismo de Estado, continúan arraigadas en el país las prácticas de trato inhumano a los detenidos, ya sea por las pésimas condiciones materiales en las que se encuentran alojados, como por la violencia psíquica y física a la que son sometidos. Desde la recuperación de la democracia, está pendiente en el país una reforma profunda de las estructuras judiciales, penitenciarias y policiales que permita garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos más básicos. En este contexto, la provincia de Buenos Aires constituye un caso paradigmático ya que aloja a casi el 50% de las personas privadas de libertad del país y es escenario de una de las crisis judiciales y penitenciarias más agudas. Esta situación,  por su magnitud, motivó la intervención del máximo tribunal argentino. En aquel fallo judicial, la Corte Suprema sostuvo que las condiciones de detención en la provincia constituían tratos inhumanos, crueles y degradantes y exhortó a los tres poderes provinciales a implementar medidas para paliar la situación. Entre esas acciones ordenó a la provincia adecuar la legislación provincial en materia de prisión preventiva a los estándares internacionales de derechos humanos, ya que consideró que el uso abusivo de esa medida cautelar era una de las causas principales del estado de hacinamiento y de las condiciones inhumanas de detención que se comprobaron (…)

(…)  Así se genera una doble sobrepoblación “permanente” que es indispensable considerar. A esta fecha, existen un total de  19.240 plazas (aquellas informadas por el gobierno provincial en mayo de 2008, más las que surgen de la inauguración de nuevas Unidades), para un número total de detenidos de 28.322 (16 de marzo de 2009). Es decir, una sobrepoblación del 26% en el sistema penitenciario bonaerense, y del 47% si se toman en  cuenta los detenidos en comisarías. (…)  entre 1994 y 2005 la cantidad de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires llegó casi a triplicarse (…)  el vertiginoso aumento de la población carcelaria no fue un fenómeno espontáneo, ya que no puede relacionarse con un aumento demográfico ni con un incremento de la criminalidad. En el período 1990-2007 la tasa de hechos delictuosos cada 100.000 habitantes, en la provincia de Buenos Aires, aumentó un 64%.(…) El ritmo de aumento de la tasa de encarcelamiento en la provincia fue mucho más acelerado: entre los años 1994 y 2009, se triplicó.

Entre los años 1995 y 2003 la tasa de encarcelamiento de Estados Unidos creció un 18% (pasando de 601 a 714 personas cada 100 mil hab.), la de Chile se incrementó un 73% (de 146 a 252) y la de la provincia de Buenos Aires aumentó un 109%, pasando de 97 a 203 personas privadas de la libertad cada 100 mil habitantes.

Texto original, aquí.

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(…) Para la mayoría de los profesionales privilegiados, la experiencia del confinamiento es un mero roce, producido luego del arresto de un chico, digamos. Para una gran cantidad de pobres en los Estados Unidos, en particular para los hombres negros pobres, la prisión es un destino que se entrelaza con la vida común, como la escuela secundaria y la universidad para los chicos blancos. Más de la mitad de los hombres negros sin secundario completo va preso en algún momento de su vida. El encarcelamiento masivo a una escala casi inédita en la historia de la humanidad es un hecho fundamental de nuestro país [Estados Unidos] –quizás el hecho fundamental, como la esclavitud era el hecho fundamental en 1850. En verdad, hay más hombres negros en el puño del sistema criminal de justicia –en prisión, en libertad bajo palabra, o en probation—de los que había entonces en esclavitud. En total, hoy más gente bajo “supervisión correccional” en los Estados Unidos –más de seis millones—de los que hubo en el Archipiélago Gulag con Stalin en su momento pico.  La ciudad de los confinados y los controlados, Ciudad de Encierro, es hoy la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos.

La acelerada tasa de encarcelamiento de las últimas décadas es tan sorprendente como el número de personas en prisión: en 1980, había unas 220 personas encarceladas por cada cien mil norteamericanos; para 2010, el número se había más que triplicado, a 731. Ningún otro país se aproxima siquiera a esto. En las últimas dos décadas, el dinero que el estado gasta en prisiones sextuplicó la tasa de gasto en educación superior. El nuestro es, de arriba a abajo, un “estado carcelario”, en el liso y llano veredicto de Conrad Black, ex barón conservador de la prensa y flamante reformista, quien hoy se encuentra en prisión en Florida (…)

La escala y la brutalidad de nuestras prisiones son el escándalo moral de la vida norteamericana. Cada día, al menos 50.000 hombres –un estadio de los Yankees repleto—se despiertan en confinamiento solitario, con frecuencia en prisiones “supermax” o sectores de prisiones en los que los hombres son encerrados en pequeñas celdas, donde no ven a nadie, no pueden leer y escribir libremente, y sólo tienen permitido salir una hora por día para “ejercitarse” en soledad. (Enciérrese en su baño e imagine que tiene que quedarse allí durante los próximos diez años, y tendrá una idea de la experiencia). La violación en prisión es tan endémica –más de 70.000 presos son violados cada año—que es usado rutinariamente como una amenaza, como parte del castigo que debe esperarse. El tema es un latiguillo habitual en la comedia, y un sospechoso que no coopera amenazado con ser violado en prisión representa ahora, cada noche en la televisión, una parte ordinaria y hasta querible de la actuación policial. La aceptación de la violación en las cárceles como un hecho normal –como las bromas del siglo dieciocho sobre mirar a los hombres retorcerse mientras morían ahorcados—sin duda será vista por nuestros descendientes como escalofriántemente sádica, incomprensible para la gente que se considera civilizada. Aunque evitamos mirar directamente a las prisiones, se filtran en nuestras costumbres y nuestros modos. Los adolescentes blancos acomodados con jeans bolsudos, zapatos sin cordones y múltiples tatuajes muestran, inconcientemente, la realidad del encarcelamiento que actúa como una oculta base fundamental del país.

Texto original, en inglés, aquí.

FUENTE: EL PUERCOESPÍN

 

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