Cada tres días, un preso muere en una cárcel bonaerense

6 08 2009

La Comisión por la Memoria presentó un duro informe en el que denuncia torturas con picanas

Fuente: La Nación. (¿Què te pasa Pàgina 12 que no informas esto?

Jesús A. Cornejo
Corresponsalía La Plata

LA PLATA.- El panorama es desalentador: durante 2008 creció diez por ciento el número de muertes en cárceles bonaerenses. En total fallecieron 112 presos, uno cada tres días y once más que los 101 que habían muerto en 2007.

Los datos surgen de un duro informe del Comité de la Tortura de la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires, en el que se critica las políticas de justicia y seguridad del gobierno de Daniel Scioli.

“La tortura continúa siendo una práctica generalizada en las cárceles provinciales”, se afirma en el informe. En el estudio se señaló que se siguen empleando métodos como la picana eléctrica, el submarino seco y las duchas heladas. Y denuncia que por falta de personal para controlar a los internos se generan “zonas liberadas para la gestión de sistemas endógenos de dominación y sometimiento” de los internos.

El informe fue entregado ayer al plenario de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y al ministro de Justicia, Ricardo Casal.

Según la Comisión de la Memoria, del total de los 112 presos fallecidos durante 2008, el 41% resultó ser muertes traumáticas como consecuencia de peleas o heridas de arma blanca, suicidios por ahorcamiento, electrocución, asesinatos y otros. El 57% fueron casos no traumáticos, evitables y que tuvieron origen en enfermedades que podrían haberse curado.

Si bien, consultado por LA NACION, el ministro Casal dijo que se iba a tomar diez días para leer el documento, opinó: “La gente de la comisión hace política con todo esto. El documento carece de rigurosidad académica, es pobre. Hay que tener en cuenta que si hay violencia en la sociedad, estando en la cárcel los presos se vuelven más violentos y duros. Por eso estamos desarrollando un programa de mediación carcelaria, que funcionó bien en Canadá, y que vamos a aplicar en los penales bonaerenses para mejorar la convivencia de los internos”.

El documento, precisamente, advirtió las continuas y constantes riñas ocurridas en las cárceles, que llegan a sumar un promedio de 585 hechos violentos con heridos por mes.

El ministro de Justicia sostuvo que él no tiene conocimiento de casos de tortura en las cárceles bonaerenses. “Hay un sólo caso de picana eléctrica que data de hace siete años. Este gobierno es democrático y humanista y no permitirá ningún acto de tortura. Es un disparate decir que se tortura en los penales”, sentenció.

Sin embargo, el informe es contundente y advierte que “el submarino seco, los palazos, las golpizas, la picana eléctrica, los traslados constantes, las duchas o manguerazos de agua helada, el aislamiento como castigo, constituyen un muestrario de prácticas vigentes en las cárceles provinciales”.

La Comisión dedica uno de los apartados más críticos del estudio a las políticas de seguridad: “La gestión del ministro Carlos Stornelli representó un fuerte retroceso en cuanto a promover una conducción democrática de las instituciones de seguridad y eficaz en la prevención e investigación de los delitos”, dice.

Políticas arbitrarias

Según el informe, durante el gobierno de Scioli se volvió “a las lógicas de centralización del poder”, con el fortalecimiento de la figura del jefe policial.

“Los resultados de esta política son el uso cada vez más extendido de prácticas policiales arbitrarias, como la detención por averiguación de identidad, la continuidad de casos de torturas y suicidios sospechosos en comisarías; numerosos casos de corrupción policial, y un nuevo caso de desaparición forzada de persona: el joven Luciano Arruga, de 17 años, que fue visto por última vez en una dependencia policial en Lomas del Mirador”, dice.

Anoche, desde el Ministerio de Seguridad dijeron a LA NACION que iban a esperar a leer con detenimiento el informe para responder las acusaciones.

Los números del informe de la Comisión de la Memoria agregan que en marzo de 2008 la población carcelaria en la provincia ascendía a 21.104 detenidos, cifra que creció a 24.180 para el mismo mes de 2009.

En las comisarías, las cifras de detenidos también aumentaron notablemente. Así, en un poco más de un año creció 48% la cantidad de presos alojados en calabozos de las seccionales, pasando de los 2782 presos que había en diciembre de 2007 a los 4142 personas que permanecían alojadas en marzo de 2009.

Claves

  • Muertos: durante 2008 creció 10 por ciento el número de muertos en cárceles bonaerenses. En total, fallecieron 112 presos, uno cada tres días, once más que los registrados en 2007.

  • Más presos: el informe de la Comisión para la Memoria indica que en marzo del año pasado la población carcelaria en la provincia era de 21.104 detenidos, cifra que llegó a los 24.180 en marzo de este año.

  • Violencia: durante 2008, se registraron 7027 hechos violentos en los penales bonaerenses, lo que equivale a un promedio de 19 casos por día. Los hechos más comunes fueron las riñas entre internos, autolesión, agresión al personal e intento de suicidio.





Un agrotóxico que se autofumigó. Fuente: Página 12

3 08 2009

La compañía internacional Bayer dispuso retirar de Argentina, a fin de año, al endosulfán, que ya estaba prohibido en más de 60 países, incluyendo toda la Unión Europea. Lo utilizan en forma masiva en los campos de soja, algodón, girasol, maíz y tabaco.

Por Darío Aranda

El endosulfán es un agrotóxico muy cuestionado desde hace décadas por sus efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente. Se utiliza de forma masiva en la soja, y también en algodón, girasol, maíz y tabaco, entre otros cultivos. Las empresas del sector siempre defendieron su uso, negaron cualquier efecto secundario y, sobre todo, ningunearon a las organizaciones sociales, acusándolas de alarmistas o menospreciando sus investigaciones. De forma sorpresiva, el mayor golpe contra el endosulfán provino desde el corazón de los agronegocios: la multinacional Bayer anunció que lo retirará del mercado. “Planificamos terminar las ventas de endosulfán para fines de 2010 en todos los países donde todavía la misma se encuentra legalmente disponible”, explicó el comunicado de Bayer CropScience (área agroquímica de la empresa), firmada por la directora de la compañía Judith Nestmann. También precisó que será reemplazado por alternativas “con un perfil de riesgo significativamente menor”.

“La decisión de Bayer se produce luego de años de campañas de denuncias realizadas en todo el mundo contra el persistente plaguicida, el cual se vincula a diferentes enfermedades como el autismo, a nacimientos con malformaciones y daños en el aparato reproductor masculino, como así también a muertes y severos daños a agricultores a través del contacto directo”, explicaron desde la Red de Acción en Plaguicidas de América latina (Rapal), que también recordó que el endosulfán ya está prohibido en más de 60 países, incluida la Unión Europea.

El agrotóxico es un tipo de insecticida de gran uso en el país. Según datos de las empresas, en 2008 se usaron 4 millones de litros, comercializados por una decena de empresas, entre las que sobresalen DuPont Agrosoluciones, Nidera y Bayer.

El coordinador de Relaciones Institucionales de Bayer Argentina, Luciano Viglione, explicó que en 2007 retiraron del mercado Thioday, agroquímico con endosulfán, pero aún comercializan Decis Dan, otro compuesto que contiene el agrotóxico. “Lo retiraremos del mercado antes de fin de año. La ciencia avanza hacia formulaciones más seguras y desde Bayer aceptamos esos cambios”, justificó Viglione.

Ni la casa central de Bayer ni la sede local aceptaron los perjuicios sanitarios y ambientales del agrotóxico, pero remarcaron que lo suplantarán “por otro más seguro”, aunque aún no explicitaron cuál.

Para las organizaciones sociales, y el mundo científico que lo denuncia desde hace tiempo, la medida de la empresa es un reconocimiento implícito de los efectos negativos del insecticida. También jugaron otros factores. “Por un lado, la presión de los consumidores en Europa es alta y, por otro, tarde o temprano será incluido en el Convenio de Estocolmo (instrumento internacional que regula el tratamiento de las sustancias tóxicas, auspiciado por las Naciones Unidas)”, precisó el coordinador regional de Rapal e ingeniero agrónomo, Javier Souza Casadinho, que investiga el uso de agrotóxicos desde hace más de una década.

El endosulfan está identificado como plaguicida extremadamente tóxico con capacidad de producir en la salud daños agudos (a corto plazo) y crónicos (enfermedades que aparecen luego de años del contacto con el plaguicida). “La revisión de la literatura científica sobre impacto del endosulfán revela evidencias de los efectos tóxicos crónicos en el sistema nervioso, el sistema inmunológico, su acción disruptora endócrina y evidencias no concluyentes de su acción mutagénica y genotóxica, así como la de provocar cáncer en animales de laboratorio y las poblaciones humanas expuestas. También está relacionado con efectos neurológicos a largo plazo como la epilepsia y el incremento del riesgo de la enfermedad de Parkinson”, afirma Souza Casadinho.

En cuanto a los efectos agudos, se lo señala como causante de diarreas, mareos, dolor de cabeza, nauseas, llagas, dolor de garganta y cuadros de asma. Según Rapal, el insecticida se degrada muy lentamente, permanece años en el medio ambiente y se traslada a grandes distancias arrastrado por las corrientes de aire y de agua.

Según datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), en 1999 se utilizó en Argentina 1,9 millón de litros de endosulfan. En 2008 se duplicó: 4,2 millones de litros. “Esta tendencia creciente en el uso de endosulfan tiene su correlato con el incremento general en la utilización de plaguicidas derivado del modelo agrícola vigente”, explica Souza Casadinho.

Desde la organización también destacaron que “existen alternativas comprobadas cuyos usos no presentan los efectos colaterales mortales de este plaguicida”. Karl Tupper, científico integrante de la Red de Acción de Plaguicidas de Estados Unidos, explicó que “al retirarse Bayer, en el mercado quedan un puñado de fabricantes genéricos que venden este veneno. Les pedimos a estas empresas que prioricen la salud y el medio ambiente por sobre las ganancias que obtienen a través de este tóxico y que frenen sus ventas. Es lo único responsable por hacer”.

Alejandro Oliva es médico y coordinador de una investigación que, entre 2004 y 2007, abarcó seis pueblos de la Pampa Húmeda. En ella confirmó la vinculación directa entre el uso y exposición a contaminantes ambientales con malformaciones, cáncer y problemas reproductivos. “Los hallazgos fueron contundentes en cuanto a los efectos de los pesticidas y solventes”, afirmaba Oliva. Había comprobado la existencia de diferentes tipos de cánceres muy por encima de la media nacional. Y precisó que la zona de estudio había sido blanco de una decena de agroquímicos, entre ellos el endosulfán, el piretroides y glifosato.

El estudio había sido realizado por un equipo del Hospital Italiano de Rosario, conducido por Oliva, con el respaldo del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), la Universidad Nacional de Rosario, la Federación Agraria local y el INTA. La investigación había detallado que cuatro de cada diez hombres que consultaron por infertilidad habían sido expuestos a químicos agropecuarios, y alertó que el efecto sanitario de los agrotóxicos puede manifestarse en las generaciones futuras.

Las organizaciones campesinas y sociales que denuncian el uso de agrotóxicos apuntan a otros químicos: carbofuran y el bromuro de metilo (usados en la producción hortícola), la sulfluramida (base de hormiguicidas) y el cuestionado glifosato, base del monocultivo de soja.