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El partido de gobierno ecuatoriano, Alianza País, está por pasar la prueba de fuego de la Asamblea Constituyente. Los pronósticos más optimistas le otorgan el control de dicha Asamblea, y los más pesimistas también. Es un escenario particular en el cual el partido de gobierno tiene, como pocas veces en la historia política reciente del Ecuador, la posibilidad de cambiar la correlación de fuerzas y por ende el modelo neoliberal que le es correlativo, en un país manejado por las oligarquías y los grupos financieros. Empero, si el partido de gobierno tiene tanta responsabilidad entre sus manos, cabe preguntarse: ¿qué es Alianza País? ¿Cuál es realmente su agenda y su proyecto histórico? ¿A qué orientación política adscribe? Y, la primera constatación es que Alianza País es un partido sin historia, sin pasado, y sin referentes ideológicos de ningún tipo.
Se trata de un caso particular en la política ecuatoriana, en la que el escenario político ha estado copado por partidos políticos oligárquicos y neoliberales de viejo cuño, y por fuertes movimientos sociales. Alianza País, se constituye a partir de una sola figura, la del Presidente de la República, y se configura como un espacio de convergencia de sectores medios, atraídos por el desgaste de los partidos políticos tradicionales y por la crítica moralista al sistema político que hacen los líderes de Alianza País.
Como todo movimiento político emergente, considera a su propio nacimiento como el momento fundacional de la política nacional. Para Alianza País, la política empieza a partir de ellos. Pero necesitan comprar algo de historia para poder posicionarse en el escenario electoral. La apelación a la retórica socialista del siglo XXI, es un buen argumento para obtener reconocimiento en una sociedad que ha resistido firmemente al embate neoliberal.
Sin embargo, el hecho de referirse en su discurso político al socialismo, no significa que Alianza País recupere la rica tradición de lucha por el socialismo que hizo la clase obrera ecuatoriana, o, desde otras perspectivas, el movimiento indígena, sino todo lo contrario. El hecho de buscar referentes en el discurso del socialismo del siglo XXI, como discurso de poder, tiene la intención de suprimir la presencia histórica del movimiento obrero y del movimiento indígena, al tiempo de validarse social y políticamente sobre esta invisibilización.
Solamente de esta manera puede entenderse la paradoja de que mientras más se legitima el régimen en el discurso del socialismo del siglo XXI, más fuerte es el olvido que se genera sobre las luchas sociales pasadas, y más evidente es la intencionalidad de confiscar esas luchas sociales en beneficio propio y como un argumento que legitima su propio poder.
El discurso del socialismo del siglo XXI, tiene otra virtud para el gobierno y es que inmoviliza la capacidad de respuesta de las organizaciones sociales y reduce a la izquierda política a una posición de extremismo que la incapacita para entrar en el debate político. El espacio de la izquierda aparece copado por Alianza País: los indios, los obreros, las organizaciones sociales, los sindicatos públicos, han sido desalojados de ese espacio, por la presencia del partido de gobierno. De ahí la impresión de que en Ecuador gobierna la izquierda, y que se estaría generando un polo alternativo de poder a la derecha. Empero de ello, el socialismo del siglo XXI de Alianza País, solamente es un simulacro y una coartada.
Quizá por esta razón, puede notarse que desde el gobierno existe un discurso político supuestamente radical que tiende a inaugurar la política haciendo tabula rasa del pasado, y presentándose como la única posibilidad de recambio político. Alianza País, descalifica a toda la política porque si regresa a ver al pasado corre el riesgo de convertirse en estatua de sal. Para el partido de gobierno, el pasado es un momento a superar.
Algo que quizá sea válido como estrategia electoral, pero que en el caso ecuatoriano tiene una connotación particular, porque en ese desprecio y olvido del pasado, Alianza País, suprime de un plumazo las heroicas resistencias de los movimientos sociales del Ecuador. Quizá por ello también, Alianza País tiene resistencias a incorporar en sus dinámicas internas todo lo que signifique organización social.
De hecho, es un partido político que no tiene a su interior a ninguna organización social representativa; y no solo ello, sino que el entramado organizativo ecuatoriano, que tiene su columna vertebral en el movimiento indígena, recela y desconfía de Alianza País Estas desconfianzas son evidentes en la coyuntura de la Asamblea Constituyente: los movimientos sociales y la izquierda política ecuatoriana, decidieron participar por su cuenta en las elecciones a Asambleístas, sin llegar a acuerdos de ningún tipo con el partido de gobierno.
Al no tener ningún soporte organizativo, Alianza País apuesta todo al escenario electoral. Es un espacio en el que los dirigentes de Alianza País se sienten relativamente cómodos, puesto que el debate electoral no implica compromisos ideológicos ni cesiones políticas a los movimientos sociales ecuatorianos, pero permite establecer una base de convergencia con los grupos de poder. Por ello, en el espacio electoral, Alianza País reemplaza los acuerdos políticos con publicidad y marketing electoral.
Pero en este escenario, empiezan a surgir algunos indicios sobre el rol que juega realmente Alianza País, y que provocan graves preocupaciones a los movimientos sociales ecuatorianos, y a los sectores de la izquierda política, entre todos los temores está aquel de que Alianza País, a pesar de la retórica y la propaganda oficial, quizá no sea un partido político de izquierda, como se autodenomina.
En un primer momento, la izquierda política ecuatoriana y los movimientos sociales, vieron con mucha simpatía a Alianza País, y no dudaron en comprometer su apoyo electoral cuando este partido llegó al balotaje. Durante los primeros meses de gobierno, cuando Alianza País concentró la mayoría de las carteras de Estado, en manos de la derecha más recalcitrante, y llevó adelante una política que en casi nada lo diferenciaba de anteriores gobiernos, los movimientos sociales ecuatorianos pensaron que el gobierno de Alianza País, se trataba, en realidad, de un “gobierno en disputa”.
Mas, cuando el régimen dio muestras de demarcar de manera definitiva su espacio político distanciándose de las organizaciones sociales y de los partidos políticos de izquierda, como fue evidente en la conformación de las listas para participar en la Asamblea Constituyente, éstos pudieron comprender que Alianza País, podría ser cualquier cosa menos un “gobierno en disputa”.
El momento más importante que permitió a los movimientos sociales ecuatorianos, comprender que Alianza País no era un espacio político que les pertenecía, fue cuando el régimen reprimió con violencia inusitada las movilizaciones sociales en contra de la explotación minera. En esa coyuntura, Alianza País se puso a favor del capital transnacional. El ejército y la policía reprimieron a los campesinos y pobladores, sobre todo de la zona sur del país, que se habían movilizado para oponerse a las concesiones mineras. Al tiempo que reprimía a las organizaciones sociales, el gobierno de Alianza País, invisibilizaba las luchas sociales utilizando, precisamente, el discurso del socialismo del siglo XXI.
Así, aparecía que criticar o movilizarse en contra de Alianza País, significaba dar espacios a la derecha y restar márgenes de acción a las propuestas socialistas del régimen. Un contexto por demás parecido a los primeros meses del gobierno de Lucio Gutiérrez, cuando la presencia de los indígenas en el gobierno daban a pensar de que se trataba de un “gobierno en disputa”, y que, por tanto, las movilizaciones sociales le hacían el juego a la derecha.
La represión a las organizaciones sociales que protestaban en contra de las concesiones mineras, era correlativa al cambio de discurso del gobierno de Alianza País. El partido de gobierno incorpora, como parte de su propuesta política para ser aprobada por la futura Asamblea Constituyente, la misma propuesta del Banco Mundial sobre las regiones autónomas, y, al mismo tiempo, lo vincula a su discurso de la moralización al sistema político y el socialismo del siglo XXI, como si fuesen un solo discurso.
De hecho, los principales teóricos del Banco Mundial que trabajaron las propuestas de descentralización y autonomías, son ahora las autoridades públicas encargadas de la descentralización. La propuesta de descentralización de Alianza País es la misma del Banco Mundial.
Ahora bien, el debate sobre la descentralización y las autonomías se inscribe de lleno en la nueva deriva del modelo neoliberal, y hace referencia a la privatización del territorio, en un contexto de soberanías limitadas de los Estados. Lo que está en juego en el capitalismo contemporáneo es la capacidad que tendrían las corporaciones transnacionales de asegurarse de recursos estratégicos, como por ejemplo, el petróleo, el agua, la biodiversidad, el coltan, etc., a través del control y dominio sobre el territorio. Para asegurarse de ese control territorial, las corporaciones transnacionales necesitan del Estado y de la democracia. Del Estado para protegerse de cualquier pretensión de redistribución o control; y de la democracia, para legitimarse jurídica y políticamente.
Es por ello que las movilizaciones sociales recientes en Ecuador, en Perú, en Bolivia, entre otras, tengan como telón de fondo la minería y las pretensiones de autonomía. En la coyuntura ecuatoriana, así como en aquella del Perú o Bolivia, lo que está en juego es una vuelta de tuerca del modelo neoliberal, hacia una radicalización que, paradójicamente, necesita del Estado para su legitimidad.
En Ecuador, el eventual triunfo electoral en la Asamblea Constituyente, puede ser una mala noticia para las comunidades indígenas y campesinas, que verán sus territorios ancestrales amenazados en esta nueva deriva del modelo neoliberal que apuesta a las autonomías, la descentralización con el mismo entusiasmo con el que pregona el socialismo del siglo XXI
- Pablo Dávalos es economista y profesor universitario ecuatoriano.
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